El corredor criminal que mueve droga, armas y dinero entre Ecuador y Colombia

La línea que divide a Ecuador y Colombia sigue apareciendo en los mapas. En el terreno, sin embargo, hace tiempo que dejó de ser una barrera para las organizaciones criminales. Disidencias de las FARC, bandas ecuatorianas, traficantes de armas, redes de contrabando y estructuras dedicadas a la minería ilegal operan hoy bajo una misma lógica: aprovechar una frontera porosa que les permite mover cocaína, explosivos, dinero y personas de un lado a otro con rapidez.

Ese escenario explica por qué Ecuador, Colombia y Estados Unidos analizan la creación de una base binacional en la frontera norte. La propuesta surgió durante reuniones realizadas en Tumaco y San Lorenzo, con la participación de autoridades de los tres países, dentro de la denominada Coalición de las Américas contra los Carteles del narcotráfico.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva ni una ubicación establecida, el objetivo es fortalecer el intercambio de inteligencia y las operaciones coordinadas contra estructuras criminales transnacionales. La iniciativa responde a una realidad cada vez más evidente: los grupos ilegales ya no respetan límites territoriales.

El corredor criminal que conecta a grupos de Ecuador y Colombia

La frontera norte ecuatoriana se ha transformado en un corredor estratégico donde convergen disidencias de las FARC, como el Frente Oliver Sinisterra y Comandos de la Frontera, con organizaciones ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones. Estas alianzas buscan controlar puertos, rutas fluviales y pasos irregulares utilizados para exportar droga hacia Centroamérica y Europa.

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Los efectos de esa disputa son visibles en los indicadores de violencia. Durante los últimos tres años, Esmeraldas se ha mantenido como uno de los principales epicentros de homicidios del país y una de las provincias más golpeadas por las economías criminales.

Sucumbíos también ha registrado un crecimiento sostenido de asesinatos vinculados al narcotráfico. Mientras que Carchi, pese a presentar cifras menores, se ha consolidado como un territorio clave para el tránsito de estupefacientes y armas hacia el interior del Ecuador. La violencia no se expresa únicamente en homicidios. Las autoridades han reportado un aumento de extorsiones, secuestros, tráfico de armas, desplazamientos internos y enfrentamientos entre grupos rivales.

En varias zonas fronterizas también se han detectado campamentos clandestinos, laboratorios de procesamiento de droga y actividades de minería ilegal vinculadas a grupos armados. Las preocupaciones aumentaron este año debido a las tensiones comerciales entre Quito y Bogotá durante el mandato de Gustavo Petro.

Expertos alertan sobre el impacto de las tensiones bilaterales

Para el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia y actual director para América Latina del Security College, cuando el comercio legal se encarece, los mercados ilegales llenan ese vacío.

“El conflicto arancelario que tuvo Ecuador y Colombia no benefició a ninguno de los dos países. El más perjudicado siempre será Ecuador, que hoy enfrenta directamente al crimen organizado. Esta disputa va a reactivar trochas, pasos ilegales y corredores logísticos para droga, armas, minería ilegal y contrabando”, advierte.

Pazmiño recuerda además que Colombia concentra más de 270.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción superior a las 3.000 toneladas anuales. Según su análisis, cerca del 75 % de esa producción termina atravesando territorio ecuatoriano antes de dirigirse hacia mercados internacionales. Menciona que una eventual reducción de la cooperación binacional aceleraría el crecimiento del ecosistema criminal en la frontera norte.

Desde una perspectiva operativa, Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública, coincide en que el contrabando forma parte de la dinámica histórica de las zonas limítrofes. Sin embargo, alerta que las restricciones al tránsito formal amplían el espacio de acción de las organizaciones ilegales.

“Cuando se cierran pasos legales, incluso quienes operaban dentro de la legalidad empiezan a buscar rutas clandestinas. Eso fortalece a grupos irregulares”, sostiene.

También alerta sobre la paralización de las llamadas “operaciones espejo”, mecanismos mediante los cuales fuerzas de ambos países ejecutan acciones coordinadas a cada lado de la frontera. Sin esa coordinación aparece un “limbo operativo” que favorece la aparición de nuevas estructuras criminales.

Tumaco y San Lorenzo, puntos clave de la ruta del narcotráfico

La importancia de Tumaco y San Lorenzo dentro del tablero del narcotráfico explica buena parte del interés por una mayor cooperación. Tumaco, en el departamento colombiano de Nariño, es reconocido como uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia el Pacífico.

Por su parte, San Lorenzo, en Esmeraldas, se conecta mediante esteros, manglares y rutas marítimas que facilitan el flujo de cargamentos hacia aguas internacionales. Ambos territorios funcionan como puertas complementarias de una misma cadena logística criminal.

La profesionalización de los servicios criminales

A ello se suma un fenómeno menos visible: la profesionalización del crimen. Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Colombia, señala que en el vecino país existe una especie de mercado de servicios criminales.

“Los delincuentes se han especializado en ofrecer servicios a distintas bandas, bajo un modelo de ‘outsourcing’ (subcontratación) delincuencial. Aquí se puede contratar cualquier tipo de servicio criminal, con altos niveles de profesionalización y a costos muy competitivos”, indica. Según el experto, migrantes haitianos y venezolanos terminan siendo captados por estos grupos debido a la vulnerabilidad económica.