Caso Progen: rastrear el dinero se convirtió en el eje principal

El seguimiento de la ruta del dinero pagado a Progen es el nuevo pedido de los involucrados en el denominado caso Apagón, que investiga la Fiscalía General del Estado desde julio de 2025. Entre quienes impulsan esta diligencia están Antonio Gonçalves, exministro de Energía y Minas; Fabián Calero, exgerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); y Roberto Luque, actual ministro de Infraestructura y Transporte y exministro encargado de Energía.

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¿Por qué seguir la ruta del dinero?

No obstante, ¿qué tan relevante es rastrear esos pagos dentro de una investigación por presunto peculado relacionada con la contratación de generación eléctrica de emergencia, durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024? La interrogante surge en medio de la fijación de la audiencia de formulación de cargos del caso Apagón para el 14 de mayo, en la que la Fiscalía procesará a 21 personas, entre ellas Gonçalves y Calero, pero no a Luque.

A criterio del exfiscal Pablo Encalada, rastrear la ruta del dinero puede ayudar a determinar si existieron beneficiarios detrás de la contratación con Progen. Sin embargo, aclara que en el delito de peculado no es indispensable probar pagos o sobornos para configurar una responsabilidad penal.

Según Encalada, el peculado también puede configurarse si se demuestra que hubo omisión de procedimientos legales o direccionamiento contractual en favor de una empresa. Añade que la Fiscalía deberá establecer si Progen cumplía realmente con las condiciones técnicas y económicas para prestar el servicio contratado.

Sin la trazabilidad, la acusación podría quedarse solo en señalar quiénes participaron en el proceso contractual, sin probar cómo ocurrió ni quiénes se beneficiaron.Gustavo Gaete, experto en Derecho Procesal y docente de la UCSG

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La trazabilidad y posibles nuevos implicados

El jurista sostiene que seguir la trazabilidad financiera permitiría conocer quién recibió dinero para favorecer a la empresa. A su criterio, el pedido formulado por Gonçalves y Calero cobra relevancia porque “parecería que algo saben” sobre el destino de los recursos.

Sin embargo, Encalada advierte que el planteamiento también podría formar parte de una estrategia de defensa. Considera que los involucrados podrían intentar demostrar que otras personas fueron las verdaderas beneficiarias del contrato cuestionado.

Para el exfiscal Julio César Cueva, especialista en Derecho Penal, la trazabilidad financiera es “elemental” en una investigación donde hay recursos públicos de por medio. Señala que montos de esa magnitud no pueden manejarse fácilmente en efectivo, por lo que dejan rastros bancarios.

El penalista cuestiona que la Fiscalía no haya empezado la investigación por ese punto. A su criterio, la ausencia de una pesquisa sobre la trazabilidad del dinero demostraría que “no ha habido una verdadera intención de investigar”.

¿Qué pasó con los $110 millones? Esa es la clave. Esa información podría aportar elementos claves para establecer responsabilidades penales y fortalecer la investigación fiscal.Mariana Yépez, ex fiscal general del Estado

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La trazabilidad y posibles nuevos implicados

En esa misma línea, Gustavo Gaete, experto en Derecho Procesal y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, considera que la ruta del dinero suele “hablar más que cualquier discurso” en investigaciones complejas de corrupción o peculado. Explica que el Derecho Penal necesita determinar si existió un uso arbitrario de recursos públicos y quiénes obtuvieron un beneficio económico.

El jurista añade que la trazabilidad incluso podría derivar en la vinculación de nuevas personas dentro del proceso. Precisa que, aun iniciada la instrucción fiscal, la Fiscalía puede incorporar a otros sospechosos si aparecen nuevos elementos de convicción.

A criterio de Gaete, llama la atención que la Fiscalía avance hacia la formulación de cargos sin contar todavía con esa información. Destaca que en un caso de alta complejidad, lo esperable sería agotar todas las líneas investigativas antes de cerrar la fase previa.

No es necesario que existan pagos para que haya peculado. El delito puede configurarse siempre que exista abuso de recursos públicos o violación de procedimientos legales.Pablo Encalada, exfiscal de Pichincha

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¿Debió Fiscalía esperar más?

Por ello, Mariana Yépez, ex fiscal general del Estado, considera que la Fiscalía debería mantenerse por más tiempo en la etapa de investigación previa, una fase que en casos complejos puede extenderse entre uno y dos años. Advierte que mientras no se inicie formalmente la instrucción fiscal, el Ministerio Público conserva un margen más amplio para recabar elementos y profundizar diligencias.

Yépez precisa que una vez iniciada la instrucción fiscal, los tiempos se reducen a entre 90 y 120 días para fortalecer la imputación. Aunque luego pueden incorporarse nuevas diligencias, considera preferible llegar a esa etapa con más elementos consolidados.

Los especialistas coinciden en que avanzar hacia un proceso penal sin esclarecer completamente la ruta del dinero podría debilitar la acusación. Dicen que si no se determina quiénes se beneficiaron de los recursos públicos y cómo ocurrió el presunto perjuicio al Estado, el caso podría llegar incompleto a juicio.