Caso Bucaram: ¿por qué se suspendió otra vez la lectura de sentencia?

La lectura de sentencia contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otros dos procesados volvió a suspenderse. La audiencia estaba convocada para las 17:00 del lunes 3 de agosto de 2026, pero no pudo avanzar por la ausencia del juez ponente, Gandhy Cervantes, quien presentó un permiso médico.

Los procesados se conectaron a la diligencia telemática; sin embargo, la jueza Ivonne Vásquez la instaló únicamente para informar sobre la situación de Cervantes. Tanto ella como el magistrado Pablo Coello dejaron constancia de su asistencia, pero explicaron que el tribunal no podía anunciar una decisión sin la presencia de sus tres integrantes.

El motivo es que se trata de un tribunal pluripersonal. Para emitir la resolución oral que determine si los acusados son culpables o inocentes, deben intervenir los tres jueces que conocieron el juicio y analizaron las pruebas y alegatos.

La presencia de Cervantes resulta especialmente necesaria porque, como juez ponente, es el encargado de dirigir la causa y presentar el proyecto de decisión ante los demás integrantes del tribunal.

Es la segunda fecha que no se cumple

Esta no es la primera vez que se aplaza el anuncio del fallo. La lectura de sentencia estuvo inicialmente prevista para el 2 de julio, pero esa diligencia fue diferida a pedido de la defensa de Abdalá Bucaram.

El tribunal trasladó entonces la convocatoria al 3 de agosto. Esta vez, el impedimento surgió por el permiso médico del juez ponente. La nueva fecha deberá ser notificada por la Función Judicial.

El juicio se encuentra suspendido desde el 14 de marzo, cuando finalizaron los alegatos de la Fiscalía y las defensas. Desde entonces, Cervantes, Vásquez y Coello permanecen en la fase de deliberación.

La etapa de juzgamiento se había instalado el 11 de abril de 2025 y se prolongó durante cerca de un año debido a diferentes incidentes procesales. Aunque el juicio tuvo poco más de veinte jornadas efectivas, los constantes aplazamientos extendieron su duración.

El nuevo retraso acerca el caso a la prescripción

La suspensión aumenta la preocupación expresada por la fiscal Lidia Sarabia, quien advirtió al fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, que la acción penal contra Abdalá y Jacobo Bucaram está próxima a prescribir.

Ambos son acusados como colaboradores de una presunta estructura de delincuencia organizada, delito por el cual la Fiscalía solicitó una pena de entre cinco y siete años de prisión. Como la formulación de cargos ocurrió en agosto de 2020 y Jacobo fue vinculado un mes después, el proceso podría prescribir entre agosto y septiembre de 2027 si no se alcanza una resolución dentro del plazo legal.

El expediente todavía no ha prescrito, pero cada nuevo diferimiento reduce el margen que tiene la justicia para resolverlo.

¿De qué se acusa a los procesados?

La Fiscalía sostiene que los procesados participaron en actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19, mascarillas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.

Según su teoría, Jacobo Bucaram habría pagado $ 361.000 en efectivo por los insumos, mientras que estos fueron almacenados en una vivienda relacionada con Abdalá Bucaram. La acusación también menciona el supuesto uso de credenciales falsas de la DEA y la participación de agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito en el traslado y custodia de la mercadería.

Además de Abdalá y Jacobo Bucaram, son procesados el ciudadano israelí Sheinman Oren y el exagente de la AMT Leandro Berrones.

El tribunal deberá fijar ahora una tercera convocatoria para anunciar si condena o ratifica la inocencia de los cuatro acusados. Mientras esa fecha no sea definida, uno de los procesos surgidos durante la emergencia sanitaria continuará sin sentencia, casi seis años después de haber comenzado.