Caso Abdalá Bucaram: el riesgo inminente de prescripción por demoras judiciales
Tras casi seis años sin dictarse una sentencia en primera instancia los operadores de justicia podrían perder la potestad de juzgar a los implicados
Se los acusa de participar en la venta irregular de 21.000 pruebas de COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
Lidia Sarabia, fiscal a cargo del proceso judicial contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley, notificó oficialmente que la causa por presunta delincuencia organizada atraviesa un periodo crítico de caducidad.
Justicia
Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo conocerán sentencia por caso Pruebas Covid-19 el 3 de agosto
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
El expediente investiga la negociación irregular de 21.000 test médicos
El documento formal fue remitido este jueves 30 de julio de 2026 al fiscal general del Estado subrogante, Carlos Alarcón, detallando el agotamiento de los tiempos legales tras casi seis años de diligencias estancadas en los tribunales capitalinos.
La advertencia de Fiscalía surge a escasos días de que el Tribunal de Juicio emita su resolución de primera instancia, prevista originalmente para el lunes 3 de agosto, fuese suspendida a última hora debido a que el juez ponente del tribunal, Gandhy Cervantes, se ausentó por un permiso médico.
Los plazos jurídicos que amenazan el expediente penal
La formulación de cargos contra el exmandatario se ejecutó formalmente en agosto de 2020, mientras que la vinculación de su hijo Jacobo al proceso se oficializó un mes después. El Código Orgánico Integral Penal establece límites temporales estrictos para mantener un proceso abierto; tiempos que actualmente se agotan debido a la inoperatividad y a los incidentes procesales presentados por las defensas.
La etapa de juicio se instaló en abril de 2025 y se prolongó por cerca de doce meses. A pesar de que los alegatos finales concluyeron el pasado 14 de marzo, los jueces Gandhy Cervantes, Ivonne Vásquez y Pablo Coello continúan deliberando. Esta falta de celeridad jurisdiccional empuja el caso hacia la anulación definitiva del ejercicio de la acción penal.
El esquema indagado y los actores de la red
La teoría de la Fiscalía sostiene que los procesados planificaron actividades ilícitas vinculadas con la venta de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y mascarillas. La estructura habría generado beneficios económicos paralelos mediante delitos de enriquecimiento privado no justificado y evasión tributaria.
El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz.
Junto al núcleo familiar, el expediente procesa al ciudadano israelí Sheinman Oren y al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Leandro Berrones. El Ministerio Público acusa al exuniformado de ejecutar labores de custodia logística durante el traslado de la mercadería hacia Guayaquil, material que fue almacenado en inmuebles relacionados con los acusados.
En este mapa jurisdiccional se suma Orietta Isabel Marengo. La procesada peruana aguarda que la Función Judicial defina la fecha para su juzgamiento tras ser extraditada en marzo, mientras el tribunal principal delibera si los actuales imputados recibirán condena o si el retraso institucional extinguirá el caso.
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