¿Tribunales militares para recuperar la seguridad?
Es cierto que la justicia ordinaria puede resultar demorosa, pero la respuesta no es crear una justicia paralela, sino fortalecer lo que ya existe...

La propuesta de tribunales militares reabre el debate sobre justicia y seguridad en Ecuador.
La propuesta de que regresen los tribunales militares aparece en uno de los varios momentos en que el país agoniza en UCI, cuando la violencia ha conseguido que una parte de la sociedad mire con desconfianza cualquier garantía jurídica y acepte, casi sin preguntas, toda promesa de mano dura y aplauda con frenesí las múltiples barbaridades que, día a día, nos ahogan.
¿Cómo funcionaba la justicia militar antes de 2008?
El planteamiento, incluido en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 448, merece ser discutido con seriedad. Los tribunales militares y Policiales no son una novedad.
Antes de la Constitución de 2008 existía una justicia vinculada a las Fuerzas Armadas y la Policía, con órganos y procedimientos propios.
Justicia
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Edison Andrés García Yépez
Ese modelo cambió con la Constitución en vigencia, pues hoy, en aplicación del principio de unidad jurisdiccional, los miembros de ambas instituciones son juzgados por los mismos jueces que usted y yo; pero ojo, no se eliminó la disciplina interna, pues las faltas administrativas y disciplinarias continúan sometidas a sus propias normas.
Es cierto que la justicia ordinaria puede resultar demorosa, pero la respuesta no es crear una justicia paralela, sino fortalecer lo que ya existe: agilizar, por ejemplo, el concurso de Jueces en la Corte Nacional (hoy llena de encargados en lugar de titulares).
El problema de crear una justicia paralela
Si los uniformados saben que serán juzgados por su propia jurisdicción y no por la ordinaria, la confianza ciudadana puede deteriorarse aún más.
Ecuador no necesita elegir entre seguridad y derechos; necesita ambas cosas.
La Constitución cerró la puerta a los Tribunales Militares autónomos. Reabrirla, sin discusión rigurosa ni garantías de independencia, sería confundir protección institucional con cierto privilegio.
La fuerza pública merece respaldo para combatir al crimen, pero ese respaldo debe venir de la ley y de recursos reales, no de un fuero que dificulte rendir cuentas.