Gobierno plantea revivir los tribunales militares en Ecuador: así funcionarían

El Gobierno de Daniel Noboa incluyó en su Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 una propuesta para crear tribunales o salas especializadas que conozcan procesos relacionados con integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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La iniciativa reabre el debate sobre la justicia militar en Ecuador, un sistema que dejó de existir con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008.

La propuesta consta en el Decreto Ejecutivo 448, que oficializó el plan de seguridad. Dentro de la Estrategia de Seguridad 4.7, el documento plantea impulsar la creación de tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura.

El propósito de este modelo es que las causas vinculadas al personal de la fuerza pública sean tramitadas por instancias con conocimiento específico de la actividad policial y militar.

Por ahora, el Gobierno central no ha precisado cómo se implementaría esta medida. El plan no define la estructura que tendrían estos órganos, el tipo de procesos que conocerían ni si operarían como una jurisdicción independiente o como salas especializadas integradas al sistema judicial ordinario.

Tampoco se ha presentado un proyecto de ley o de reforma que desarrolle la propuesta.

Tribunales militares en Ecuador: Así funcionaban antes de la Constitución del 2008

Antes de la Constitución del 2008, la justicia militar formaba parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

La Carta Magna de 1998 establecía procedimientos especiales para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, quienes eran juzgados por órganos propios, como la Corte de Justicia Militar y los consejos de guerra, encargados de resolver infracciones como la sedición, deserción o traición.

Ese modelo asignaba funciones jurisdiccionales a oficiales de alto rango y funcionaba bajo una estructura distinta a la justicia ordinaria.

La situación cambió con la Constitución de 2008, que incorporó el principio de unidad jurisdiccional. Desde entonces, los integrantes de la fuerza pública pasaron a ser juzgados por el sistema judicial ordinario y, posteriormente, el Consejo de la Judicatura dispuso el cierre de las cortes militares y policiales que existían hasta ese momento.

No obstante, la propia Constitución dejó abierta la posibilidad de crear salas especializadas para tratar este tipo de casos dentro de la Función Judicial. Ese mandato, sin embargo, nunca llegó a concretarse.

En la actualidad, los procesos que involucran a militares y policías son conocidos por jueces y tribunales penales ordinarios.