¿Qué pasó con el Plan Fénix? El Gobierno de Daniel Noboa cambia de estrategia

Durante casi dos años, el Gobierno de Daniel Noboa defendió el denominado Plan Fénix como el eje de su política de seguridad. Sin embargo, ese plan estuvo rodeado de un permanente cuestionamiento: nunca fue publicado, sus objetivos permanecieron reservados y jamás se conocieron indicadores que permitieran evaluar si estaba cumpliendo o no sus propósitos. Su existencia terminó convirtiéndose en un debate político más que en una política pública verificable.

Con la expedición del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, el Ejecutivo cambia de rumbo. El nuevo documento, de más de un centenar de páginas, reemplaza oficialmente al Plan Fénix y, por primera vez desde la llegada de Noboa al poder, establece objetivos institucionales, líneas estratégicas y resultados esperados para las entidades encargadas de la seguridad.

El giro también representa un reconocimiento implícito de una de las principales críticas que acompañó al Gobierno: la ausencia de una hoja de ruta pública.

Un vacío que se extendió por varios gobiernos

Para Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), el problema no comenzó con el Plan Fénix. Ecuador arrastra varios años sin un instrumento formal de planificación estratégica.

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"El Ecuador no ha tenido un plan de seguridad desde 2023. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se elaboró un Plan Nacional de Seguridad Integral en 2022, pero nunca llegó a consolidarse ni publicarse. Con el gobierno de Noboa tampoco existió un plan hasta ahora", explica.

A su juicio, la importancia del nuevo documento radica precisamente en que recupera una obligación establecida en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que dispone la existencia de un Plan Nacional de Seguridad Integral como instrumento rector de la política pública. En ese sentido, sostiene que es el primer plan oficialmente vigente desde el publicado en 2021 y que se ubica en el nivel político-estratégico del Estado.

El contraste con el Plan Fénix es evidente. Mientras aquel permaneció bajo reserva y sin parámetros públicos de evaluación, el nuevo documento identifica amenazas, asigna responsabilidades institucionales y plantea resultados que, al menos en teoría, podrán ser medidos.

Del secreto a la planificación

Entre los principales cambios figura una visión más amplia de la seguridad. La estrategia ya no se limita exclusivamente al accionar militar y policial. El documento incorpora a instituciones como el SNAI, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Centro Nacional de Inteligencia, además de mantener la participación de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios hasta 2027.

También reconoce amenazas que van desde el crimen organizado transnacional y la minería ilegal hasta los delitos ambientales, la corrupción y los riesgos derivados de la ciberseguridad. 

El enfoque busca integrar prevención, inteligencia, fortalecimiento institucional y cooperación internacional. No obstante, especialistas advierten que el verdadero desafío comienza después de la publicación del documento.

Un plan que aún debe aterrizar

El exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, considera que el plan llega con retraso y todavía requiere convertirse en acciones concretas.

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"Este plan debió presentarse el año pasado. Está en el nivel político-estratégico; no es todavía un instrumento táctico con indicadores específicos", señala.

Para Bravo, el mayor acierto es que plantea una política pública con una visión integral, dejando atrás una estrategia exclusivamente coercitiva basada en el Bloque de Seguridad. Sin embargo, cree que su principal limitación es el horizonte temporal.

"Me hubiera gustado que fuera una política de Estado y no únicamente de Gobierno. Se fija hasta 2029, cuando debería trascender cualquier administración. La violencia no terminará en seis meses ni en un año; esto requerirá entre diez y quince años fortaleciendo las capacidades del Estado frente a las mafias", sostiene.

Las cifras que marcaron el cambio

El relevo entre el Plan Fénix y el nuevo Plan Nacional ocurre en un contexto complejo. Aunque el Gobierno ha destacado reducciones en determinados indicadores de violencia durante 2026, Ecuador continúa figurando entre los países con mayor incidencia del crimen organizado en la región y mantiene altos niveles de homicidios registrados desde el inicio del conflicto armado interno.

Esa realidad alimentó los cuestionamientos sobre la efectividad del Plan Fénix, precisamente porque nunca existieron metas públicas contra las cuales contrastar los resultados obtenidos.

Las alertas desde los derechos humanos

No todos observan con optimismo el nuevo documento. Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, advierte que algunos conceptos incluidos en el plan pueden abrir espacios para interpretaciones amplias que afecten derechos fundamentales.

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"Nos preocupa profundamente la referencia al extremismo violento porque allí podría caber cualquier forma de disidencia u oposición. Eso puede afectar el derecho a la protesta y desconoce principios como la interculturalidad y la plurinacionalidad reconocidos por la Constitución", afirma.

Idrovo también cuestiona que el cambio de documento no implica necesariamente una transformación del modelo de seguridad. "Es una vieja receta que ya fracasó. Con el Plan Fénix Ecuador alcanzó posiciones críticas en los índices internacionales de crimen organizado y registró los mayores niveles de muertes violentas de su historia", sostiene.

Las observaciones coinciden con recientes llamados de organismos internacionales para que la cooperación en seguridad, incluida la que mantiene Ecuador con Estados Unidos, incorpore mecanismos de transparencia y respeto a los derechos humanos.

El Ecuador no ha tenido un plan de seguridad desde 2023. Las soluciones a los varios problemas de seguridad no van a llegar rápido, ni fácil, ni en 120 páginas de papel.Diego Pérez, Docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN

Del papel a los resultados

Para Diego Pérez, el nuevo plan constituye apenas el punto de partida. "Las soluciones a los problemas de seguridad no van a llegar rápido, ni fácil, ni en 120 páginas de papel", advierte.

El académico insiste en que la recuperación de la seguridad exigirá políticas sostenidas durante varios años, articulación institucional y capacidad para convertir la planificación en resultados verificables.

En ese sentido, el principal reto del Gobierno ya no será explicar la existencia de un plan, sino demostrar que las metas plasmadas en él pueden traducirse en una reducción sostenida de la violencia. Si el Plan Fénix quedó marcado por la imposibilidad de medirlo, el nuevo Plan Nacional enfrentará una prueba distinta: ser evaluado por objetivos que ahora sí quedaron escritos.