Plan de Noboa mantiene a militares en las cárceles de Ecuador hasta 2027

El presidente Daniel Noboa formalizó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, una política pública que redefine la estrategia estatal frente al crimen organizado y la violencia que afecta al país. 

La iniciativa, aprobada previamente por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), sustituye el esquema implementado durante el gobierno de Lenín Moreno, cuya vigencia estaba prevista hasta 2030.

El documento parte de la premisa de que Ecuador enfrenta un escenario marcado por el conflicto armado interno, figura que el Ejecutivo mantiene desde enero de 2024 para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

Un modelo basado en la “acción unificada”

La nueva estrategia plantea un modelo de “acción unificada”, mediante el cual las instituciones estatales deberán actuar de manera coordinada para enfrentar amenazas asociadas al crimen organizado y otros riesgos a la seguridad nacional.

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A diferencia del plan anterior, que contemplaba 99 estrategias, el nuevo esquema se articula alrededor de siete Objetivos Nacionales de Seguridad y siete intereses nacionales considerados prioritarios, entre ellos la soberanía, la protección de la población, el patrimonio natural y la prosperidad económica. 

Según el documento, el propósito principal es reducir los niveles de conflictividad armada y avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad social y productiva. Para ello, el Ejecutivo incorpora tanto recursos nacionales como cooperación internacional dentro de su planificación.

Defensa asume un rol central en la estrategia

Uno de los cambios más relevantes es la concentración de funciones en el Ministerio de Defensa. La cartera será responsable del diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad, atribuciones que anteriormente estaban distribuidas entre distintas instancias estatales.

La medida refuerza el protagonismo de las Fuerzas Armadas dentro de la estructura de seguridad. De acuerdo con los datos citados en el plan, alrededor de 31.000 militares fueron desplegados durante 2024 en distintas zonas del país y posteriormente se incorporaron más efectivos a sectores considerados críticos por los niveles de violencia y criminalidad.

Militares continuarán al frente de las cárceles

El nuevo plan también ratifica la participación de las Fuerzas Armadas en el control de los centros penitenciarios ecuatorianos. La presencia militar en las prisiones, implementada desde enero de 2024, se mantendrá de forma temporal hasta 2027, año en que está previsto devolver la administración de las cárceles al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

La decisión se produce en medio de las dificultades que enfrenta el sistema penitenciario, marcado por problemas de hacinamiento y por la influencia de estructuras criminales que han operado desde el interior de las cárceles en los últimos años.

Intercambio de información y fortalecimiento de inteligencia

Otro de los ejes del plan es la integración de bases de datos estatales para mejorar la coordinación entre organismos de control e inteligencia. La propuesta contempla la participación de entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Servicio Nacional de Aduanas.

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La meta es facilitar el intercambio de información en tiempo real para rastrear flujos financieros ilícitos, identificar redes de apoyo a grupos criminales y fortalecer las capacidades estatales de prevención e investigación. 

La nueva planificación consolida una estrategia en la que las Fuerzas Armadas mantienen un papel protagónico en la seguridad interna, mientras las instituciones de inteligencia y control amplían su capacidad de coordinación.