Ecuador está en el Índice Global de Tortura 2026: los alcances de la inédita inclusión en el ranking

Ecuador fue incorporado por primera vez al Índice Global de Tortura 2026, elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), una inclusión que vuelve a colocar bajo escrutinio internacional la situación de los derechos humanos en el país. El informe ubica a Ecuador en la categoría de “alto riesgo”, al advertir un deterioro de las garantías fundamentales en medio del conflicto armado interno declarado en 2024, la prolongación de los estados de excepción y la crisis penitenciaria que atraviesa el sistema carcelario.

El reporte analiza a 39 países y sostiene que, aunque Ecuador cuenta con normas que prohíben la tortura, persiste una amplia brecha entre la legislación y la realidad. Entre los principales factores que sustentan su evaluación aparecen la militarización de la seguridad pública, el hacinamiento penitenciario, la impunidad en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de los mecanismos de control institucional.

Violaciones a los derechos humanos y crisis penitenciaria en Ecuador

La OMCT señala que, desde la declaratoria del estado de emergencia en 2024, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han documentado un deterioro sustancial de la situación de los derechos humanos. Según el organismo, la ampliación de las competencias de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna ocurrió sin una supervisión civil efectiva, lo que habría incrementado el riesgo de abusos.

Entre los hechos documentados constan al menos 51 presuntas desapariciones forzadas atribuidas a agentes estatales durante operativos, además de detenciones arbitrarias, periodos de incomunicación, restricciones a las garantías judiciales y denuncias de uso excesivo de la fuerza. El informe sostiene que estas afectaciones han impactado de manera desproporcionada a poblaciones afrodescendientes, pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, niños y adolescentes.

Las cifras también reflejan un problema de rendición de cuentas. Entre 2024 y 2026 se registraron 369 denuncias por presuntos actos de tortura, además de reportes por ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. La investigación recoge que la población penitenciaria supera los 38.000 internos y que durante 2025 se reportaron más de 1.000 casos de tuberculosis. Además, documenta centenares de fallecimientos registrados en las cárceles y nuevas masacres en centros como Esmeraldas y Machala, hechos que motivaron incluso medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Penitenciaría del Litoral.

Análisis crítico de la metodología del Índice Global de Tortura

Para Michelle Maffei, experta en crimen organizado, la inclusión de Ecuador debe analizarse con cautela. Explica que el índice incorpora variables relacionadas con suicidios de personas privadas de libertad, condiciones penitenciarias y reportes de organizaciones civiles y periodistas sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos.

“Ecuador ha tenido bastantes casos durante los últimos años y eso también ocurre en países como Italia, Francia o España, que igualmente aparecen en el índice”, señala.

No obstante, considera que la metodología presenta limitaciones. A su juicio, existen países ampliamente cuestionados por denuncias de tortura que no aparecen evaluados, como Estados Unidos y China, por lo que el indicador no reflejaría completamente la realidad global.

“Todo índice internacional es importante porque permite medir la fortaleza institucional de un Estado para proteger tanto a las personas privadas de libertad como a la ciudadanía. Pero este índice tiene un componente subjetivo y, por eso, también debe analizarse críticamente”, sostiene.

Militarización de la seguridad pública y denuncias contra las Fuerzas Armadas

La militarización de la seguridad pública constituye otro de los ejes del informe. Para la OMCT, la aplicación continua de estados de excepción desde 2024 amplió las facultades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana sin establecer mecanismos suficientes de supervisión civil.

Daniela Guerra, investigadora de la Oficina Regional de Amnistía Internacional, sostiene que la organización ha documentado casos que reflejan los riesgos de este modelo.

“Hemos observado que la militarización de la seguridad pública no coloca en el centro la protección de los derechos humanos. Un ejemplo concreto son las posibles desapariciones forzadas documentadas en nuestro informe ‘Son militares, yo los vi’, incluido en el informe anual 2025”, explica.

La investigadora señala que Amnistía Internacional recopiló cinco casos de personas presuntamente desaparecidas durante operativos militares. Aunque existen investigaciones abiertas, asegura que la mayoría permanece sin resolución.

“Parte de esa falta de avances responde a la escasa cooperación de las Fuerzas Armadas con la Fiscalía”, afirma.

Una lectura similar plantea Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador. La especialista sostiene que el país ha ratificado la mayoría de tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que, en teoría, cuenta con compromisos para incorporar estos principios en la actuación del Estado.

Sin embargo, considera que el índice refleja una tendencia preocupante en las políticas de seguridad.

“Lo que evidencia el Índice Global de Tortura es que las políticas de seguridad también se alimentan de una exhibición de crueldad. Eso promueve la tortura, promueve la impunidad y favorece que miembros de la fuerza pública actúen al margen de los estándares de derechos humanos, y ese es el problema”, afirma.