Cuando el dinero ilícito compite

Todos hemos visto un negocio que parece tener pocos clientes, pero permanece abierto durante años. La escena plantea una realidad menos visible: cuando el dinero ilícito ingresa en la economía formal, no solo intenta ocultar su origen. También compite.

El empresario legítimo necesita vender, pagar impuestos, mantener empleos y obtener utilidades. Una empresa utilizada para lavar activos persigue otro propósito: dar apariencia lícita a recursos del delito. Al no depender de la rentabilidad, ese negocio puede soportar pérdidas, asumir alquileres desproporcionados o vender por debajo del costo por más tiempo que sus competidores.

El daño va más allá del ámbito penal. El capital ilícito altera precios, desplaza inversiones honestas y ocupa espacios de la economía productiva. Esos recursos también permiten comprar empresas e inmuebles y construir redes de influencia. La economía criminal no opera al margen del mercado: se infiltra en él y modifica sus reglas.

Lavado de activos: el dinero del delito también compite en el mercado

Combatirla no exige trasladar nuevas cargas al empresario formal. Las instituciones públicas ya reciben información tributaria, laboral, societaria y aduanera. La ley también obliga a las empresas a identificar ante el SRI a sus beneficiarios finales: las personas que realmente son sus dueñas o controlan sus decisiones. El cruce de esos registros permite detectar inconsistencias que pasarían inadvertidas si cada organismo analizara únicamente la información que posee.

El desafío no es crear otro formulario u obligación, sino procesar esos datos mediante sistemas de análisis automatizado, incluida la inteligencia artificial, siempre bajo supervisión humana. Las decisiones deben responder a criterios transparentes y sustentarse en evidencia. Las alertas deben orientar una investigación, no reemplazan la prueba. El control no puede convertirse en licencia para sospechar de quien fracasa. La respuesta pública debe ser proporcional y respetar el debido proceso, la privacidad de los datos y los derechos de terceros de buena fe.

Defender la economía formal exige algo más que reducir cargas: proteger al empresario honesto frente a capitales cuyo origen no está en producir riqueza, sino en haberla arrebatado. Seguir el dinero ilícito no es solo política de seguridad, es política de competencia.