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Diario Expreso Ecuador

Menores reclutados por bandas en Ecuador: ¿qué ocurre con ellos después de ser detenidos?

La reforma fija un trato especializado. Se prioriza la protección del menor. También contempla apoyo psicológico, defensa gratuita y reinserción

La normativa establece medidas diferenciadas para los menores que hayan sido reclutados por organizaciones criminales.

La normativa establece medidas diferenciadas para los menores que hayan sido reclutados por organizaciones criminales.Imagen generada con IA

Flor Layedra
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Lo que debes saber

  • La Asamblea aprobó una reforma para prevenir el reclutamiento de menores por grupos criminales.
  • El procedimiento contempla una evaluación individual de cada adolescente.
  • La respuesta incluye medidas educativas, psicológicas y de protección.

Cuando un menor reclutado por una banda es detenido, pero el proceso no será igual al de un adulto. La nueva normativa establece que primero se determine si fue víctima de coerción o manipulación y contempla protección, atención especializada, justicia juvenil y medidas para facilitar su reintegración.

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Un procedimiento diferenciado

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. La reforma establece un procedimiento diferenciado para quienes hayan sido captados por organizaciones criminales y posteriormente sean aprehendidos.

La normativa dispone que los niños, niñas y adolescentes involucrados en actividades ilícitas como consecuencia de reclutamiento, coerción o manipulación sean considerados prioritariamente víctimas de una grave vulneración de derechos. Además, el consentimiento de un menor para participar en esas actividades carece de validez jurídica y no se presume que haya ingresado voluntariamente a la estructura delictiva.

Cada caso será evaluado de forma individual

El caso deberá ser analizado de manera individual por la Fiscalía, los jueces y la defensa, quienes deberán determinar el nivel de coerción, vulnerabilidad, dependencia económica o falta de autonomía que existió. De esta evaluación dependerá el tratamiento dentro del sistema especializado de justicia juvenil, en lugar de aplicar automáticamente una respuesta como la prevista para un infractor común.

Si el menor entrega información o rinde testimonio, se contemplan medidas reforzadas para protegerlo. Estas incluyen la reserva de su identidad y datos personales, acompañamiento psicológico y social, además de protección física o reubicación temporal cuando exista un riesgo grave para su vida o la de sus familiares.

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Defensa gratuita y reinserción

La atención también contempla los efectos que la violencia y el entorno criminal pudieron dejar en el adolescente. Cuando exista consumo problemático de sustancias o afectaciones psicológicas, se prevé su derivación prioritaria a la red pública de salud para recibir tratamiento psicosocial integral, rehabilitación y desintoxicación.

Desde las primeras etapas de la investigación penal, la Defensoría Pública deberá proporcionar patrocinio y defensa especializada gratuita a las víctimas de reclutamiento. Una vez terminadas las intervenciones o medidas socioeducativas, el Estado deberá garantizar su reinserción escolar, familiar y comunitaria mediante nivelación educativa, acompañamiento para construir su proyecto de vida y acceso prioritario a becas e incentivos para la educación superior.

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