Asamblea nacional ecuador
ADN logró aprobación de su ley contra el reclutamiento de menores; correísmo se abstuvo
El debate se convirtió en un cruce entre el oficialismo y correísmo. La Revolución Ciudadana se abstuvo en la votación. Ley va al Ejecutivo para veto o sanción
La legisladora de ADN Diana Jácome fue la encargada de presentar el informe ante el Pleno de la Asamblea.
Lo que debes saber
- El Pleno aprobó las reformas con los votos de ADN y aliados, mientras el correísmo se abstuvo.
- La norma eleva las penas y tipifica el reclutamiento de menores por estructuras criminales.
- La reforma establece penas de 22 a 26 años para quienes recluten, utilicen o vinculen a niñas, niños y adolescentes con organizaciones delictivas o grupos armados.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. La mayoría controlada por ADN puso los votos, mientras el correísmo se abstuvo.
Este 29 de septiembre de 2026, el Legislativo abordó en segundo debate la normativa que, en su parte medular, tipifica el delito de reclutamiento de menores e incrementa las penas por este acto delictivo.
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¿Qué pasó en el Pleno?
ADN y el correísmo volvieron a chocar en el Pleno. El oficialismo señaló al gobierno de Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos, por la situación actual. Una intervención tras otra, los legisladores del oficialismo recordaron el denominado proceso de pacificación de pandillas como los Latin King y Ñetas.
Inés Alarcón (ADN) dijo que el correísmo entregó territorios a los grupos delictivos. También señaló como un problema el cierre de las escuelas rurales para cambiarlas por las del Milenio. Esto, según la legisladora, incidió en la deserción escolar y en problemas para el acceso a la educación de los niños.
El correísmo mostró su oposición al proyecto de ley bajo el argumento de que no se abordaba el origen del problema. Asambleístas como Paola Cabezas indicaron que hay leyes que terminan siendo un “saludo a la bandera” porque no hay financiamiento ni política pública para respaldarlas.
¿Cuál era el reparo del correísmo?
Fue la legisladora Mireya Pazmiño (RC) quien anunció durante el debate en el Pleno que su bancada se abstendría. Aseguró que ese voto lo emitirían a la par de “emplazar al Gobierno a frenar el desmantelamiento de la inversión social y exigir que la seguridad empiece por la educación, el arte el deporte y el pan en la mesa de las familias populares”.
La Comisión de Transparencia recibió a un experto internacional para fortalecer la ley contra el reclutamiento de menores.
En un comunicado, la bancada correísta también cuestionó que, en los Centros de Adolescentes Infractores, “el modelo especializado de custodia con inspectores educadores cambie por una lógica de seguridad penitenciaria”.
Al final, el Pleno aprobó la normativa con 88 votos del oficialismo y sus aliados. El correísmo se abstuvo. Así, el proyecto de ley, que fue presentado por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg, pasa al Ejecutivo para su objeción o sanción.
¿Qué plantea la ley?
- La normativa define el reclutamiento de menores por parte de las bandas delictivas como la “captación o vinculación a estructuras criminales con fines de instrumentalización”.
- El reclutamiento o utilización de menores por fuerzas armadas regulares, irregulares o grupos armados pasaría a sancionarse con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
- También se sancionaría con pena de 22 a 26 años de cárcel a quien reclute, use o utilice menores de forma individual o como parte de una organización de delincuencia organizada o grupos armados para cometer delitos.
- Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), a través de ordenanzas, adoptarán medidas para prevenir, en los espacios públicos ubicados en los perímetros o entornos de las instituciones educativas, la existencia de manifestaciones o representaciones que promuevan, hagan apología o incentiven actividades delictivas o el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes.
- El proyecto también reconoce el derecho a la protección digital y faculta al Estado para realizar el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que contengan contenidos que promuevan el reclutamiento criminal.
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