Caso Blindaje: jueza niega prisión preventiva para siete procesados y Fiscalía apelará

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, rechazó el pedido de prisión preventiva contra siete personas vinculadas al caso Blindaje, una investigación por presunto lavado de activos. En su lugar, dispuso medidas cautelares como prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y el uso de dispositivos de vigilancia electrónica.

La decisión fue adoptada la tarde del miércoles 2 de septiembre, durante la audiencia de vinculación de siete nuevos procesados al denominado caso Blindaje. La Fiscalía General del Estado había solicitado prisión preventiva para seis operadores de justicia de Esmeraldas y un particular, argumentando riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

Sin embargo, la jueza Camacho concluyó que la Fiscalía no logró demostrar de forma objetiva que existan riesgos procesales suficientes para justificar la medida más restrictiva contemplada en la legislación penal ecuatoriana. Según sostuvo, la prisión preventiva es una medida excepcional y solo puede aplicarse cuando otras alternativas resultan insuficientes.

Fiscalía cuestiona la decisión

Tras conocer la resolución, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, anunció que apelará la negativa de la jueza. La Fiscalía había requerido prisión preventiva para los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas 

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Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que los procesados tendrían capacidad económica para abandonar el país y habrían utilizado estructuras societarias y mecanismos financieros para movilizar recursos presuntamente vinculados al lavado de activos.

No obstante, Camacho señaló que esos elementos no bastan para acreditar un riesgo de fuga. También destacó que los involucrados se han presentado a las diligencias judiciales convocadas hasta el momento.

Las medidas cautelares impuestas

En reemplazo de la prisión preventiva, la magistrada ordenó la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante autoridades judiciales y el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia.

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Los procesados con domicilio en Esmeraldas deberán acudir dos veces por semana ante las autoridades correspondientes de esa provincia, mientras que quienes residen en Quito deberán presentarse ante una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia. La primera comparecencia fue fijada para el 3 de septiembre.

La jueza advirtió además que un eventual incumplimiento de estas medidas podría derivar posteriormente en la imposición de prisión preventiva.

Empresas intervenidas y fondos congelados

La resolución también incluyó medidas contra tres compañías vinculadas a la investigación: Reypezpacific S.A., Reysolutionwash y Teknhikmec. La jueza aceptó el pedido de la Fiscalía para que la Superintendencia de Compañías designe interventores que supervisen sus operaciones.

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Asimismo, ordenó la retención y congelamiento de fondos en cuentas y pólizas dentro del sistema financiero nacional, además de la prohibición de enajenar bienes de los procesados.

Respecto de las empresas, la magistrada rechazó la incautación solicitada por Fiscalía, pero autorizó la retención de hasta 385.000 dólares para garantizar el pago de una eventual multa y una posible reparación integral dentro del proceso.

El caso Blindaje se abrió el 4 de junio de 2026 y tiene como principal investigado al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, quien permanece recluido en la cárcel de Cotopaxi. La investigación se originó a partir de un informe reservado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre presuntas operaciones económicas inusuales e injustificadas