Transferencias, blindados y empresas: la ruta del dinero en el caso Blindaje

La Fiscalía General del Estado sostiene que una presunta estructura dedicada al lavado de activos habría operado entre 2020 y 2025 utilizando recursos obtenidos a través de acciones de protección, contratos con entidades públicas, transferencias financieras y movimientos de efectivo, en un caso que involucra al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, y otras siete personas procesadas. Todos cumplen prisión preventiva dentro del denominado caso Blindaje.

De acuerdo con la teoría fiscal presentada en la audiencia, la investigación se inició en noviembre de 2025 a partir de información remitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre operaciones consideradas inusuales e injustificadas. Tras varios meses de indagaciones, los procesados fueron detenidos el 3 de junio de 2026 durante allanamientos realizados en Esmeraldas, Pichincha, Santa Elena y Sucumbíos.

Según la Fiscalía, la presunta organización habría utilizado diferentes mecanismos para captar y mover recursos económicos provenientes de decisiones judiciales y contratos relacionados con Petroecuador. Los investigadores estiman que el monto presuntamente lavado asciende a 7,54 millones de dólares, cifra que correspondería a ingresos considerados injustificados dentro del sistema financiero nacional.

Acciones de protección bajo investigación

Uno de los principales ejes de la acusación se relaciona con una acción de protección presentada por la empresa Reyten, actualmente denominada King Trading Limited, contra Petroecuador. La Fiscalía sostiene que, después de que una sentencia ordenó a la empresa pública cancelar más de 2 millones de dólares, se registraron transferencias inmediatas hacia varias personas y compañías vinculadas al caso.

Los investigadores consideran que este proceso judicial no habría sido un hecho aislado, sino parte de un supuesto esquema utilizado para obtener recursos públicos y posteriormente distribuirlos mediante diversas operaciones financieras. La Corte Constitucional dejó sin efecto esa acción de protección y ordenó la devolución de los recursos pagados por Petroecuador.

La Fiscalía también examinó otra acción de protección impulsada en 2022 por un grupo de extrabajadores de Petroecuador. En ese caso, decisiones judiciales derivaron en una disposición de pago superior a 30 millones de dólares, de los cuales la empresa estatal habría desembolsado 15 millones antes de que la Corte Constitucional declarara vulneraciones al debido proceso y dispusiera medidas de restitución.

Transferencias y movimientos de efectivo

Dentro de esta segunda causa, la Fiscalía asegura haber identificado transferencias que habrían beneficiado a varios de los procesados. Entre ellas figura una transferencia de 1,4 millones de dólares realizada por uno de los abogados vinculados al proceso judicial a una cuenta atribuida a Villacís.

La investigación sostiene además que parte de esos recursos habría sido retirada del sistema financiero mediante el uso de servicios de transporte de valores. Entre enero y marzo de 2023 se habrían efectuado entregas de efectivo por 980.000 dólares a distintos destinatarios en Esmeraldas y Quito. Según la Fiscalía, esta modalidad buscaba dificultar la trazabilidad del dinero.

Empresas y presuntas operaciones para dar apariencia de legalidad

Otro de los elementos expuestos por los investigadores es la utilización de compañías para justificar movimientos económicos. Entre ellas figura Rey Pez Pacific, empresa que habría recibido recursos provenientes de una de las acciones de protección analizadas. La Fiscalía detectó diferencias entre los valores reportados al sistema financiero y los ingresos declarados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Asimismo, se investigan relaciones comerciales con otras firmas y personas que, según el expediente, presentaban antecedentes penales o estaban vinculadas a otros procesos por presunto lavado de activos. La Fiscalía considera que algunas transacciones podrían haber sido simulaciones destinadas a otorgar apariencia de legalidad a los recursos.

Contrato con Petroecuador bajo la lupa

La investigación también abarca al Consorcio Torre VL-V1, adjudicatario de un contrato con Petroecuador por más de 5,3 millones de dólares. La Fiscalía analiza movimientos financieros relacionados con esa empresa, incluyendo un cheque por 2,5 millones de dólares que habría sido cobrado por Villacís en 2025.

Según la acusación, parte de esos recursos fue posteriormente transferida a otros procesados y a cuentas en el exterior, operaciones que forman parte del análisis financiero desarrollado por los investigadores.

Diferencias entre ingresos y declaraciones tributarias

Como parte de su argumentación, la Fiscalía presentó información sobre presuntas inconsistencias entre los movimientos bancarios del alcalde y sus declaraciones tributarias. 

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De acuerdo con los datos expuestos, entre 2020 y mayo de 2025 Villacís habría registrado ingresos por más de 7,5 millones de dólares en el sistema financiero, mientras que los valores reportados al SRI serían significativamente menores.

El proceso continúa en etapa de instrucción fiscal. Las acusaciones presentadas corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser contrastadas durante el desarrollo del juicio, en el que los procesados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriad