Caso Blindaje: Fiscalía vincula a seis jueces de Esmeraldas: ¿quiénes son?
La investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado garantías jurisdiccionales para obtener millonarias indemnizaciones

Fiscalía vinculó a seis jueces de Esmeraldas por presunto lavado de activos en el caso Blindaje.
Las claves del caso
- Fiscalía vinculó a seis jueces de Esmeraldas por presunto lavado de activos en el caso Blindaje.
- Caso Blindaje: red habría movido $7,5 millones mediante acciones de protección en Esmeraldas.
- El 1 de septiembre, la CNJ procesó a jueces, empresas y particulares por presunta trama judicial.
La investigación del caso Blindaje sumó este 1 de septiembre a diez nuevos procesados, entre ellos seis jueces de la provincia de Esmeraldas, en una causa que busca determinar la existencia de una presunta red dedicada al lavado de activos mediante el uso irregular de acciones constitucionales y otras operaciones vinculadas a recursos estatales.
La audiencia de vinculación se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia ante la jueza Daniella Camacho, debido a que varios de los investigados ejercían funciones como jueces provinciales y cuentan con fuero. Con estas nuevas incorporaciones, el expediente acumula 18 personas naturales y jurídicas procesadas por el delito de lavado de activos.
Seis jueces entre los nuevos procesados
- Genaro Reinoso Cañote
- Juan Francisco Morales
- Juan Agustín Jaramillo Salinas
- Luis Fernando Otoya
- Carlos Vinicio Aguirre.
- También fue vinculado Simón Bolívar Moreno, quien ejercía como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames al momento de los hechos investigados.
Además, la Fiscalía formuló cargos contra Iván Sol González y contra las compañías Reypezpacific S.A., Reysolutionwash y Teknhikmec, a las que considera parte de la estructura bajo investigación.
Inicialmente se había previsto vincular a once personas y empresas, pero la Fiscalía retiró la solicitud contra la compañía King Trading Limited para evitar eventuales cuestionamientos procesales relacionados con la notificación de su representación legal.
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Fiscalía investiga a Vicko Villacís por presunto lavado de $7,5 millones en Esmeraldas.
Fiscalía describe una presunta red de corrupción
Durante la audiencia, el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, sostuvo que la investigación permitió identificar una estructura que habría operado mediante el uso de instituciones públicas, empresas y operadores judiciales para obtener recursos del Estado.
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Según la teoría de la Fiscalía, el esquema habría recurrido a la presentación de garantías jurisdiccionales que derivaban en sentencias con reparaciones económicas millonarias. Posteriormente, esos recursos habrían sido incorporados al sistema financiero a través de empresas y terceros para darles apariencia de legalidad.
La acusación fiscal sostiene que existió una práctica sistemática de desnaturalización y abuso de garantías jurisdiccionales con el fin de obtener resoluciones favorables tanto en primera como en segunda instancia.
Más de 7,5 millones de dólares bajo análisis
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, la investigación ha identificado movimientos que alcanzarían aproximadamente 7,54 millones de dólares. Ese monto correspondería a indemnizaciones ordenadas dentro de acciones de protección que actualmente forman parte de las pesquisas.
Los investigadores también mencionan supuestas contrataciones y procesos relacionados con entidades estatales, entre ellas Petroecuador, la Refinería de Esmeraldas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), como parte del entramado que se intenta reconstruir.
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Alcalde de Esmeraldas sigue siendo uno de los principales investigados
La causa se abrió en junio pasado e incluye entre los procesados al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, quien ya había sido acusado por la Fiscalía como presunto autor directo del delito de lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que la presunta organización habría operado de manera coordinada entre funcionarios públicos, particulares y empresas para obtener beneficios económicos provenientes de recursos estatales. La investigación continúa en etapa de instrucción fiscal mientras la Corte Nacional analiza los elementos presentados contra los nuevos vinculados.