Años sin control, años de gestiones opacas, años de esquilmar los recursos de los jubilados de la Policía. Y años de ceguera institucional. Ceguera, por no insinuar algo más. Es incompatible con un Estado acreditado y recto, cuyos entes de control estén debidamente alineados con el fin para el que fueron creados -detectar, evitar y sancionar los abusos-, con el hecho de que hayan desaparecido casi 700 millones de dólares del Seguro Social de la Policía en una trama larga y calculada o que hayan desaparecido quién sabe cuántos millones del negocio petrolero con cambio de autoridades de por medio. Es totalmente incompatible. E increíble que nadie se haya dado cuenta. Que no haya saltado una sola alerta. Que no se haya movido ficha hasta que el escándalo estaba servido gracias al trabajo de la Justicia estadounidense o del periodismo de investigación, deja en evidencia a quienes tienen la función y obligación de hacer este trabajo, ante ‘notitia criminis’, en Ecuador.

Es más que un sinsabor que este tipo de casos avancen en su depuración con pies de plomo cuando han ido creciendo paulatina, consistente y abultadamente durante años sin ser percibidos o, al menos, sin ser denunciados públicamente.