Con qué sentido de propiedad se aferran a sus cargos mandatarios cuestionados judicialmente. Como si los votantes que les dieron la confianza en las urnas les hubieran firmado una hipoteca que compromete su apoyo ‘ad infinitum’. Como si una mayoría electoral en el pasado avalase todo lo que haga el elegido durante los siguientes años.

Aunque no haya condena, hay un concepto que se escapa en ciertos casos: la responsabilidad política. Un mandatario cuestionado por su gestión -más aún si las decisiones tienen sustento para llegar a depurarse ante la Justicia- debería entender que no está moralmente habilitado para ejercer su rol. Que dar un paso a un costado es hacerse cargo de la responsabilidad que le entregaron los votantes en las urnas, es entender que el respeto al ciudadano es lo último que un político debería perder. Sin necesidad de que le empujen con mecanismos de fiscalización política o de procesamiento judicial, sería coherente con la altura exigida para ser alcalde, prefecto, ministro o presidente ser capaz de entender cuándo se ha perdido la confianza y comprender que la delegación que hacen los ciudadanos a sus representantes no es incondicional.