Salir de casa un día y no volver. Semejante tragedia en la vida de una persona y de sus parientes no debería quedar en impunidad si el responsable de la muerte es un imprudente o un ciudadano desprendido. A las instituciones del Estado debería dolerle tanto las muertes de los ecuatorianos como a los familiares directos.

Ni Ecuador, ni sus gobernantes ni sus habitantes ni sus funcionarios deberían asimilar con tanta ligereza, como en realidad ocurre, que haya personas que van un día a trabajar, a dar un paseo en bicicleta o a reunirse con amigos y nunca más vuelven porque se cruzaron en su camino con un conductor despistado o en embriaguez. Con un irresponsable o con alguien que, sin poder evitar el accidente, huye del lugar. El Estado debería garantizar que las muertes de los ciudadanos no salen gratis. Que no se permiten las fugas ni se premian a los huidizos con la impunidad. Que no se castiga doble a los allegados de las víctimas con la indiferencia institucional.

Ha pasado un mes del último atropello una noche en Urdesa y más de dos del de un ciclista en Samborondón. Nadie está detenido. No hay nombres. No hay castigo. No hay Justicia. No hay lección para la convivencia y para el civismo.