La situación económica está demasiado complicada como para que el país vuelva a paralizarse, lo que implicaría mayores pérdidas, quiebras y desempleo. El riesgo país se dispararía aún más, en un entorno internacional muy complicado debido a la guerra ruso-ucraniana y a la crisis bancaria tanto en EE. UU. como en Suiza. Internamente, por la influenza aviar ha subido el precio de los huevos, y por las afectaciones a la producción agrícola, como consecuencia de las lluvias y las malas condiciones de las vías, las legumbres se han encarecido. A ello se suma la baja en el precio del petróleo, que mengua los ingresos del Estado, y las tareas urgentes de reconstrucción tras el terremoto, las inundaciones y los deslaves.

Las autoridades son responsables de que el dirigente indígena que anuncia nuevas movilizaciones si la Corte Constitucional no falla de acuerdo a sus intereses particulares, sienta que tiene el derecho de incendiar y caotizar al país. Los asambleístas, por haberle dado amnistía (hoy en duda) y los gobiernos seccionales por no haber generado demandas responsabilizándolo por los daños infligidos a los bienes públicos. Y también el sector empresarial, por no haber abierto procesos en su contra por la destrucción de propiedad privada y por haber impedido el normal desenvolvimiento de la actividad productiva. Urgen acciones de control contundentes, e incluso rectificaciones.