La obligación de informar

El privilegio de mandar conlleva la obligación de informar. No hacerlo es inadmisible en una democracia en construcción como la nuestra’.

En ocasiones da la impresión de que algunos servidores del Estado sienten que le hacen un favor a los medios de comunicación cuando proporcionan datos de interés respecto del cumplimiento de su tareas; olvidan que al ser funcionarios del Estado su condición es la de servidores públicos y tanto es esto así que sus sueldos se cubren con los impuestos que pagan los contribuyentes; tienen por tanto obligación de rendir cuentas a través de los medios de comunicación colectiva de cómo desempeñan las labores que para beneficio de todos les ha encargado el Gobierno. No es, por lo señalado, una concesión graciosa la de brindar entrevistas y responder con presteza a los interrogantes que se les plantea. Así como en muchas ocasiones los burócratas buscan a los medios para disfrutar de protagonismo noticioso o simplemente para dar a conocer las bondades de su accionar y coordinarlo con otros sectores de la maquinaria pública o con instituciones privadas, igual están obligados, como parte de sus tareas a responder los cuestionamientos de los comunicadores sociales.

Bien se sabe, el ejercicio de la profesión de periodista ha podido compararse con la del tábano, destinado a inquietar a quienes tienen el privilegio de conducir al Estado. Su silencio es entonces, inaceptable y sospechoso.