Editoriales

Guayaquil en emergencia

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, para ello los ciudadanos pagan impuestos, sin embargo están sumidos en la indefensión’.

Cámaras de vigilancia con identificación facial adquiridas por el Municipio que no se pueden conectar a la base de la Policía Nacional. Denuncias presentadas por las víctimas que no sirven más que para actualizar cifras de delitos. Robos en centros comerciales ante la impotencia de clientes y guardias privados desarmados. Asaltos en los semáforos. Una vendedora informal herida y un niño de 11 años muerto, ambos en fuego cruzado entre policías y delincuentes. La criminalidad y la violencia se imponen mientras la ineficiencia de autoridades y fuerza pública no les permite controlar una situación que se ha desbordado, convirtiendo a Guayaquil en tierra de nadie.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, para ello los ciudadanos pagan impuestos, sin embargo están sumidos en la indefensión. El dinero de los contribuyentes debe destinarse a una gestión efectiva, si es necesario con asesoría internacional, para la aplicación de una estrategia que les permita recuperar la libertad de transitar libremente, sin estar expuestos a peligro permanente. La gravedad de la coyuntura actual convierte a la seguridad en tema prioritario para el Gobierno central, para los seccionales y para Policía y Fuerzas Armadas. Deben actuar en conjunto, con inmediatez y contundencia.