Ecuador tiene desde 2004 una ley de transparencia y acceso a la información, que por más que se reforme una y mil veces, está lejos de ser una herramienta eficaz que evite el hermetismo con que se manejan y gestionan las entidades públicas, algo clave para acabar con las mafias y la corrupción enquistadas. Esta disposición legal que muchas autoridades dicen cumplir, termina siendo letra muerta porque no existe la voluntad, ni política ni humana, de ser transparentes y abiertos para explicar qué se hace y a dónde va cada centavo del dinero de los ecuatorianos. Deberíamos tener acceso a los contratos colectivos de instituciones como CNEL o a los jugosos convenios públicos del Gobierno, o al destino cuestionado o injustificado, por decir lo menos, que ciertos municipios pretenden dar a los recursos que recaudan de los contribuyentes, cuando existen necesidades realmente urgentes. Pero eso no pasa en este país donde hay escasa cultura de rendición de cuentas y donde el mal manejo o desvío de fondos, que genera déficit e inestabilidad financiera, termina por obligar a los ciudadanos a pagar los platos rotos. Como en el caso del IESS, donde hoy se pretende pedir a afiliados de hasta 70 años que ayuden a amortiguar la crisis. Y pasa también en el sector privado, donde no hay explicación para que curarse en Guayaquil sea mucho más caro que en cualquier otra parte del Ecuador.