Editorial | Libertad de expresión y propiedad privada en riesgo

Denunciar las irregularidades e ilegalidades que se descubren en la gestión gubernamental es algo que muy pocos medios se atreven a hacer actualmente en Ecuador. Y otros sectores de la sociedad, que históricamente lo han hecho, hoy han preferido mantener silencio y mirar hacia otra parte pese a las evidencias de corrupción.

Pero mientras en la opinión pública reinan el temor y la ‘prudencia’ a fin de evitar represalias, los medios comprados por afines al régimen o sus amigos reproducen su propaganda, a la par que se multiplican las cuentas en redes sociales que se encargan de amplificar las versiones oficiales o incluso de atacar y desacreditar a quienes critican al poder o ejercen el derecho a realizar escrutinio público. En este escenario EXPRESO, que ha fiscalizado la gestión pública de todos los gobiernos desde que fue fundado, continúa haciéndolo con este régimen. Ante ello, el Gobierno y sus operadores no han escatimado esfuerzos por doblegar la labor democrática de este Diario y ha utilizado el poder de instituciones del Estado para acosarlo con la intención de hacerle modificar su línea editorial. Entre esos esfuerzos está el más reciente, de hacerse con un paquete accionario del 40 %, sin fundamento legal ni ético. Más allá del ataque a la libertad de expresión, este intento representa una amenaza también para la propiedad privada y la sociedad civil no puede permanecer indiferente ante este inminente riesgo.