Editorial | Garantizar la probidad del próximo fiscal

En los próximos días o semanas será sometido a votación en el CPCCS el reglamento con el que ese organismo escogerá al nuevo fiscal. Dicho reglamento determinará no solo la calidad profesional del candidato, sino la excelencia en la historia personal de quien será la figura central de la vindicta pública. Ciertas fuerzas políticas están haciendo esfuerzos para que los filtros reglamentarios que garanticen esa probidad y excelencia profesional se relajen. Una de las propuestas consiste en que la única medida para establecer la probidad notoria del próximo fiscal sea que no tenga sentencia ejecutoriada en su contra, condición tremendamente débil e insuficiente, pues muchos abogados penalistas vinculados con las mafias del narcotráfico y el crimen organizado no tienen sentencias en su contra, pese a que trabajan para sus clientes y amigos. Alarma y desconcierta que se pretenda garantizar con tanta laxitud la probidad notoria de quien aspire a liderar la Fiscalía. Todos los estándares internacionales para estas selecciones señalan que este concepto tiene más bien relación con una positiva consideración pública, capaz de sustentar la confianza de la sociedad en el comportamiento independiente y autónomo del futuro fiscal. La sociedad civil debe permanecer alerta y ejercer toda la presión que sea necesaria para que el reglamento permita una elección idónea.