Si justicia, en la acepción más apropiada con relación al presente editorial, “es el ejercicio y aplicación del derecho y de las leyes por parte de los tribunales y los organismos judiciales”, algo anda mal, desde hace mucho tiempo, en su administración en el Ecuador.

Durante la década infame se la puso al servicio del gobierno y de la impunidad. Esa situación propició todo tipo de atropellos y fomentó la corrupción. Ahora, el Gobierno nacional es respetuoso de las funciones del Estado pero, inadmisibles atropellos al derecho continúan y continuarán si no se cambian los mecanismos de selección de los funcionarios y las exigencias de su preparación ética y académica. Por ello, pese a las buenas intenciones proclamadas por quienes las presiden, las prestaciones de justicia siguen siendo tarifadas y ocurren “milagros” en los tristemente célebres sorteos, como recuerdan textos de una novela negra: “La defensa sabe -todo el mundo sabe- qué casos puede amañar. Uno de los trabajos más lucrativos del mundo del Derecho es el de programador de expedientes. Por la suma adecuada de dinero puedes conseguir que el caso sea asignado al juez que ya has comprado. O alquilado” (Don Winslow). Así, con las excepciones que confirman la norma, el éxito profesional deriva de la capacidad de atenerse a la norma.