La comisión parlamentaria constituida para investigar el paro nacional de la primera quincena de octubre descubrió el agua tibia: que el decreto presidencial 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles fue (menos mal que lo dijeron, si no nadie se habría dado cuenta) “el detonante” de las protestas. 

Tal cual. Así dice la primera de las diez conclusiones de su informe, entregado ayer. Conclusiones que nada concluyen, que nada aportan a lo que el Ecuador entero ya sabía, que no establecen responsables políticos de los hechos de violencia ni se hacen cargo, en lo más mínimo, de la dimensión de lo ocurrido. Ante el evento político más inquietante, más desestabilizador y más pernicioso que se ha producido en el Ecuador durante los últimos años, cuyas heridas tardarán en cicatrizarse, la comisión optó por mantenerse en el terreno más impasible, el de la extrema cautela, el que no incomoda a nadie, aquel que marca el grado cero de la responsabilidad política.

De nada sirvió la comparecencia de casi ochenta personas de todos los sectores involucrados. Tal como están redactadas, las conclusiones del informe bien pudieron escribirse antes de recibir a todas ellas. Porque lo que la Comisión concluye es lo que debió ser su punto de partida. Condena “los actos de violencia organizada” pero no dice a quién corresponde la responsabilidad política de esa organización. 

Atribuye a “actores externos al paro” los saqueos y otras acciones que “ocasionaron importantes perjuicios a la economía nacional”, como si no fueran los propios integrantes del paro quienes incursionaron en las empresas florícolas y lecheras del sur de Quito. Se refiere a las “retenciones” de periodistas y miembros de la fuerza pública como si los hubiera retenido el tráfico, como si no fuera el mismo presidente de la Conaie el que las decretó por escrito.

Tan cuidadosos fueron los integrantes de la Comisión en su afán de no incordiar a nadie que llegaron al ridículo extremo de poner en duda lo que todo el mundo vio. Dicen que “la suspensión de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, la paralización de la actividad hidrocarburífera, daños contra ambulancias, instituciones, bienes públicos, los incendios del edificio de la Contraloría General del Estado y el ingreso a la Asamblea Nacional son delitos que presumiblemente se cometieron y deben ser investigados conforme manda la ley”. ¿Presumiblemente se cometieron? Ahora resulta que la humareda que echaba la Contraloría fue, presumiblemente, un espejismo colectivo; que el petróleo no paró de fluir, presumiblemente, igual que el agua en Ambato, y que el cierre de los pozos (que el propio Jaime Vargas se jactaba de haber ordenado) presumiblemente no ocurrió. Ya lo dirá la Fiscalía. 

En resumen: no hay responsables políticos de lo ocurrido. No hubo complot. No hubo intento de golpe de Estado. No hubo planificación ni financiamiento. La violencia, incluso aquella “violencia organizada”, ocurrió con la misma fatalidad con que ocurren los terremotos y cabe toda en el mismo saco. Con condenarla y derivarlo todo a la justicia cree la Comisión haber cumplido su trabajo. Su informe es el que soñaban los correístas y los líderes indígenas, las dos principales fuerzas políticas que cumplieron el papel de agitadores en las jornadas de octubre y ahora bien pueden repetir. 

Ellos mismos no lo podían haber escrito mejor. Y la Comisión, incapaz de entender el concepto de responsabilidad política, no podía haberse lavado las manos de mejor manera.