A los nuevos legisladores de la patria les bastaron dos meses en el ejercicio de sus funciones para batir todos los récords de necedad política establecidos por sus predecesores. No importa cuán profundo fuera el pozo de desprestigio en el que la anterior Asamblea terminó hundida, cuán disparatadas y absurdas llegaran a ser sus resoluciones, cuán empeñosos se mostraran sus integrantes en el sublime arte de perder el tiempo… La nueva Legislatura está dispuesta a hacerlo todo aún peor. Ya lo está logrando sin mayor esfuerzo.

La Asamblea anterior todavía conservaba, por lo menos, un cierto nivel de inocuidad cuando debatía disparates. Podía pasarse la tarde entera resolviendo la declaratoria del mazapán como patrimonio cultural de la República; o estableciendo una fecha en el calendario para celebrar el día nacional del pescador de larvas; o afinando un exhorto dirigido al Pleno de la Asamblea, es decir, a sí misma, para legislar en beneficio de la niñez. Todo lo cual es muy estúpido pero no deja de ser inofensivo. La Asamblea actual, en cambio, cuando trata exhortos o resoluciones delirantes introducidos a última hora mediante propuestas de cambio del orden del día, bordea terrenos peligrosos: se rebela contra el orden institucional, se entromete en el trabajo de otras funciones del Estado, pretende boicotear políticas públicas legítimas y se pasa la Constitución Política del Estado por el forro.

La resolución aprobada este martes en el Pleno con los votos del correísmo y Pachakutik es de ese tipo. Con ella, la Asamblea desconoce un fallo de la Corte Constitucional (“definitivo e inapelable”, según la Constitución) que autorizaba al Ejecutivo a suscribir, sin aprobación del Legislativo, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi); es decir: se subleva contra la institucionalidad democrática, se atribuye a sí misma las funciones de “máxima instancia de interpretación de la Constitución” que corresponde a la Corte Constitucional y decide, por sí y ante sí, desaprobar el convenio. Un auténtico golpe de Estado en pequeña escala y condiciones de laboratorio. Gravísimo, ¿o no?

Aquí viene lo más gracioso: no, no es grave. Los asambleístas que impulsaron esta resolución deberían reflexionar cuidadosamente en el hecho de que semejante ladrillazo al charco de la democracia no provocó el croar de ningún sapo. Lo que estaba llamado a convertirse en un escándalo (el primer poder del Estado, nada menos, desconociendo una actuación de la Corte Constitucional y echando para atrás en políticas públicas en curso adoptadas por el Ejecutivo), lo que debió ser motivo de debate en todos los ámbitos de la política nacional y poner patas arriba el establecimiento, pasó en realidad sin pena ni gloria. Porque para eso ha quedado la Asamblea Nacional (y en esto la actual no se diferencia un ápice de la anterior): para la guasa. Ya pueden los 137 integrantes del Pleno quemar la Constitución en acto público en la Plaza Grande: da lo mismo. ¿A quién le importa?

Queda, para la reflexión, un dato colateral. Movidos por el brillo de una consigna más que por la contundencia de una idea, el correísmo y Pachakutik se juntaron en natural alianza y activaron una mayoría que duerme agazapada en el seno de la Asamblea. Son los mismos que protagonizaron y continúan defendiendo hasta el día de hoy el estallido de violencia de octubre de 2019, solo que ahora tienen la sartén por el mango. Y eso no es guasa.