Amnistía es reconciliación. Tanto para quien la concede como para quien la acepta, implica un reconocimiento tácito de las razones del otro. Es deponer posiciones antagónicas con la certeza de que la convivencia es posible. Es el acuerdo mutuo de olvidar para recomenzar. Así parece haberlo entendido el presidente Guillermo Lasso cuando, a propósito de las amnistías que tramita en estos días la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, aboga por “favorecer un ambiente de pacificación en el país” y pide una actitud conciliadora en su bloque parlamentario. Suena muy bien, salvo por un pequeño detalle: tal como se están argumentando y tramitando estas amnistías, o por lo menos el conjunto más vistoso de ellas, es obvio que no buscan una reconciliación de ningún tipo; ni implican el reconocimiento tácito de las razones de nadie por fuera de las propias; ni mucho menos pretenden deponer posiciones antagónicas por la sencilla razón de que sus gestores, los dirigentes indígenas y militantes correístas que las propusieron, actúan bajo la íntima convicción, declarada de mil maneras posibles y hasta publicada en sus libros, de que la convivencia es inviable. Leonidas Iza y Jaime Vargas, Virgilio Hernández y Paola Pabón razonan, hablan y se conducen como si solo existiera una posibilidad de acción política en el Ecuador: la guerra. ¿Para que sirve, en esas circunstancias, la amnistía?

A cargo del bulto, la más impresentable de las mesas parlamentarias (lo cual es decir mucho). La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, presidida por un señor (José Fernando Cabascango) incapaz de leer un texto de corrido, autora del bochornoso informe sobre el caso Pandora Papers con el que pretendieron animar un golpe de Estado parlamentario e integrada por una mayoría de militantes correístas y de Pachakutik, solo puede ver en el proceso de amnistías una oportunidad para poner de rodillas al Gobierno. No persiguen reconciliación sino impunidad, que es probablemente la peor de las maneras de mantener abiertas las heridas.

Leonidas Iza y Jaime Vargas, Virgilio Hernández y Paola Pabón creen que la democracia es un sistema burgués que debe ser demolido para dar paso a un Estado revolucionario de partido y pensamiento único. En octubre de 2019 lo intentaron con violencia, que en su visión ideológica del mundo y de la vida es la partera de la historia. Hubo incendios de infraestructura pública, control violento de calles y plazas, secuestro y tortura de policías y periodistas, destrucción de ambulancias en servicio con los muertos consiguientes... La sociedad civil, en fin, fue tomada como rehén. Pero ellos no admiten culpa alguna, por el contrario: se dicen víctimas de la persecución del Estado. Hoy aspiran a ser amnistiados no para pasar la página y empezar una nueva etapa de convivencia sino para intentarlo de nuevo. Porque todo lo que personas como Leonidas Iza y Jaime Vargas, Virgilio Hernández y Paola Pabón hicieron en octubre de 2019, lo volverían a hacer mañana si se tercia. O cuando se pueda. Lo más pronto. Para eso, para hacerlo de nuevo, quieren la amnistía. Por eso, cuando Guillermo Lasso aboga por una actitud que “favorezca un ambiente de pacificación en el país” está tendiendo puentes donde no debe. O simplemente está renunciando a lo irrenunciable: la posibilidad de hacer justicia ahí donde los causantes del mal no muestran arrepentimiento y no creen en la convivencia. Estas amnistías, si se aprueban, serán una derrota para el Gobierno y una mala noticia para todos.