La Asamblea Nacional nos está decepcionando. Atrás quedaron las promesas de aprobar 85 leyes en un año. En fiscalización no han logrado mucho y parecen más ocupados en perseguirse unos a otros. Los escándalos de sus miembros la carcomen por dentro y desgastan su imagen. ¿Qué haremos con ella? Una pregunta difícil, para lo que primero es necesario saber qué no nos sirve.

Muchos piden reducir su tamaño o cambiar su estructura, pero es difícil ver cómo nos pueden ayudar estas medidas. Disminuir el número de asambleístas no tiene mucho sentido si observamos que nuestra tasa de legisladores por millón de habitantes no es extraordinaria ni en la región ni el mundo. Por otro lado, esto podría afectar negativamente la representatividad del Legislativo, que debe ser tan plural como es diverso nuestro país. Si examinamos la posibilidad de eliminar asesores y personal nos enfrentamos a una reducción de la calidad del trabajo legislativo dada la falta de preparación de tantos legisladores. Ambas propuestas resultan menos urgentes cuando reconocemos que los costos que nos representa la Asamblea son minúsculos dentro del PGE.

Por ese mismo camino van las propuestas de mayores requisitos o de una cámara alta, al menos como las plantean. Más allá de los obstáculos constitucionales, debería ser evidente para todos que ni los años ni los títulos quitan la deshonestidad ni la mediocridad. Y no veo que nuestros vecinos regionales bicamerales, como Brasil o Argentina, estén muy lejos de nuestra triste situación en general.

Por último, las propuestas para cambiar el método de asignación de escaños o recurrir a la muerte cruzada o una consulta resultan más serias, pero también problemáticas. Volver al método D’Hondt tal vez nos hubiera evitado la debilitante dispersión actual, pero puede llevarnos de vuelta a la servil asamblea de los alza manos. Mientras que el precio de una muerte cruzada y un breve gobierno por decreto, o de una serie indefinida de plebiscitos nos devolvería al camino del hiperpresidencialismo y generaría demasiada incertidumbre en un país que necesita un rumbo claro y seguridad.

Es urgente encaminar el debate hacia otras salidas.