Paul E. Palacios | Qué no hacer
Cuando el Estado mete las manos en el mercado por demagogia o buen hacer, las consecuencias son estas
Uno de los problemas más serios que tiene España en este momento es el de la vivienda. La dificultad para acceder a una vivienda digna, particularmente para los jóvenes que inician su vida laboral, se ha tornado en un problema complejo que está moviendo los cimientos, no solo en lo económico, sino también en lo social.
El precio promedio de un metro cuadrado ha subido 70 % en los últimos 10 años, pero en ese periodo el ingreso del trabajador promedio tan solo subió 23 %. Si esto pasa con la compra, en el caso de la renta el precio promedio ha subido en 21,8 % en los últimos dos años; en ciertas comunidades como Madrid ha subido un 30% en promedio. Esto es inalcanzable para los jóvenes, quienes se ven obligados a continuar viviendo con sus padres, o modificar sus esquemas de convivencia, si desean al menos una cama.
¿Qué ha llevado a España a esta situación? Todos los estudios especializados apuntan a que la caída de la oferta se debe fundamentalmente a tres aspectos: incertidumbre regulatoria, medidas políticas y retraso en la aprobación de suelos edificables.
Tomemos el caso de Barcelona. Las autoridades impusieron topes en los precios de alquileres: el resultado fue que se cayó la oferta de viviendas de alquiler y los precios se ajustaron al alza.
El otro efecto es la reducción en los tamaños de las viviendas y el incremento de precios. Este fenómeno no se explica por la transformación de viviendas en alquiler turístico temporal, pues las cifras no lo evidencian. La única respuesta tiene relación con las normas impuestas desde 2007, según Sergio Nasarre, un prestigioso profesor de la Universidad Rovira i Virgili. Ha sido el intento de fijación de precios de alquileres, los impuestos a las ganancias inmobiliarias, las permisividades a los ‘okupas’ (invasores de viviendas privadas) y la falta de rapidez en los permisos de uso de suelo para vivienda, lo que ha provocado la caída de la oferta.
Cuando el Estado mete las manos en el mercado por demagogia o buen hacer, las consecuencias son estas.
No cometamos acá los mismos errores, porque el resultado sería el mismo.
