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Embarazo adolescente

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La otra cara de la moneda sería, si las embarazadas se encuentren dentro de los casos en que legalmente pueden hacerse un aborto, haya también la ayuda del Estado con la atención hospitalaria correspondiente...

Posiblemente la mayoría de mujeres haya pasado por la traumática experiencia del aborto, como ocurre en las parejas jóvenes que no se hallan aún en condición económica de mantener un hijo, o que por descuido en el uso de anticonceptivos se encuentran de pronto en esa situación. El problema grave en nuestro país es el crecido número (78 %) de adolescentes entre 10 y 14 años embarazadas, la mayor de las veces por violencia dentro del propio círculo familiar, en especial en el campo, siendo general la insuficiente educación sexual y reproductiva en escuelas y colegios. Debe además tenerse en cuenta que los métodos anticonceptivos suelen ser ignorados por gente de escasos recursos económicos y deficiente escolaridad, que es precisamente la que más lo requiere, así como la falta de preocupación del Estado y su ayuda institucional. En Quito hay siete centros que acogen a mujeres víctimas de violencia o en situaciones de vulnerabilidad, tres son para madres adolescentes.

En Carcelén, norte de Quito, desde hace 10 años funciona la Casa Elizabeth, un hogar para adolescentes embarazadas, con cupo para cinco de ellas, que permanecen bajo su protección durante un año y medio promedio, derivadas a este lugar por juzgados cantonales y otros de cualquier parte del país, pero sobre todo de la Costa; acogen también migrantes venezolanas. Después de Venezuela, Ecuador es el segundo país sudamericano con mayor cantidad de embarazos adolescentes. En 2020, 1.631 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz bebés vivos, según reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), teniendo la mayor tasa de natalidad las provincias de Morona Santiago, Los Ríos y Esmeraldas. No sé si en Guayaquil existan centros similares. Seguramente los hay, pero dada la función social que cumplirían, estarían asumiendo en parte tareas del Estado. Por ello, lo menos que tendría que hacer este sería subsidiar su funcionamiento en su máxima cobertura. La otra cara de la moneda sería, si las embarazadas se encuentren dentro de los casos en que legalmente pueden hacerse un aborto, haya también la ayuda del Estado con la atención hospitalaria correspondiente, pues en la práctica eso no ocurre, con alto número de muertes de adolescentes por esta causa.