Debo salir en defensa de los peatones después de leer -en otro medio- una columna titulada “Pendejatones”. En el que a través de una narrativa visceral, el autor nos cuenta de un accidente donde el conductor es afectado legalmente por atropellar, y matar, a un peatón. Sin detallar las circunstancias que conllevan este accidente, el autor concluye su argumento subjetivo con la recomendación de imponer una multa de dos mil dólares al peatón que irrespete las normas de tránsito. No comparto su argumento y la forma. Las soluciones pragmáticas no son utilidades de la lógica doxástica (opinión), sino del método epistemológico (conocimiento), y la empatía.

Las sanciones económicas al peatón existen en el art. 373 del Código Integral Penal, y los derechos de los peatones podemos encontrarlos en el art. 199 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; las responsabilidades del peatón en el art. 200 de la misma ley. Los conductores conocemos nuestras responsabilidades, pero hay una que marca la diferencia entre la vida y la muerte; la velocidad.

El riesgo de fatalidad en el accidente reside sobre todo en la relación, directamente proporcional, entre la velocidad y la distancia de frenado. Si se considera el tiempo que necesita un conductor para reaccionar ante una emergencia y pisar el freno, lo normal es que un automóvil que vaya a 50 km/h recorra 36 metros antes de detenerse, mientras que a 40 km/h solo precisa de 27 km. No debemos manejar al máximo de la velocidad establecida siempre.

Al circular por las vías públicas las personas cometen errores que pueden fácilmente resultar en una calamidad. Si bien el enfoque orientado a un sistema seguro no desestima el peso del comportamiento del usuario, recalco este como una de las muchas esferas prioritarias en materia de prevención en las que se deben de trabajar.

Se puede disminuir el riesgo a los accidentes si así se establece políticamente. Los accidentes viales no deben aceptarse como hechos inevitables pues, en realidad, son predecibles y prevenibles trabajando desde la educación y en la infraestructura con una correcta planificación del uso del suelo y los servicios del transporte público. En todas estas decisiones siempre se debe tener en cuenta la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, incluidos peatones y ciclistas.

La seguridad vial es un problema de múltiples dimensiones en el que todos somos la solución. Conozcamos nuestras responsabilidades, demandemos nuestros derechos, y manejemos con cuidado. El garrote legal no es la solución.