Juan Carlos Díaz Granados | ¿Proteger al consumidor o al oligopolio?
La verdadera política pública debe tener al ciudadano al centro, no al Estado
El reciente debate sobre la posible imposición de nuevos aranceles a los paquetes importados bajo el régimen 4x4 -impulsado por el auge de plataformas como Temu y Shein- debe analizarse con visión estructural y no solo recaudatoria. Ya en el pasado, normativas similares provocaron el cierre de decenas de empresas ‘courier’, afectando fuentes de empleo formal, el cumplimiento tributario y la oferta logística que satisface necesidades reales de los consumidores ecuatorianos. Estos ‘couriers’ no son solo actores económicos: cumplen una función esencial en una economía abierta y conectada, facilitando el acceso a bienes más asequibles o complementarios, muchas veces no disponibles localmente. No se trata de desmerecer a la producción nacional, que en muchos casos ofrece calidad destacable, sino de evitar que esta se proteja mediante barreras que limiten la competencia. La idea no debe ser convertir al producto nacional en una obligación, ni restringir la oferta al consumidor. Todos tenemos derecho a elegir libremente según nuestros propios criterios de compra -sea por origen, precio, calidad o sostenibilidad- y no bajo condiciones impuestas por el Estado o determinados fabricantes.
Hoy, mientras los productos importados vía 4x4 llegan sin arancel, las materias primas, insumos y bienes de capital necesarios para producir en Ecuador sí están gravados. El resultado: producir localmente puede ser más costoso que importar. Este desbalance no se resuelve con más tributos, sino con reformas orientadas a reducir las cargas que afectan la competitividad de nuestra industria y comerciantes importadores.
El objetivo debe ser claro: proteger el poder adquisitivo del consumidor, impulsar la producción nacional y cuidar el empleo adecuado. Y eso se logra promoviendo un ecosistema de competencia equilibrada y eficiente, no penalizando el acceso del ciudadano a opciones más económicas.
La verdadera política pública debe tener al ciudadano al centro, no al Estado. Somos los consumidores quienes debemos beneficiarnos de un comercio libre, justo y moderno. Por eso, las decisiones que se tomen en este tema no pueden perder de vista el bienestar de millones de ecuatorianos que ven en los ‘couriers’ una vía legítima, necesaria y transparente para mejorar su calidad de vida.
