Fernando Insua Romero | Una espada para tiempos de guerra

Ecuador vive una guerra sin uniforme ni frente claro. El crimen infiltra instituciones públicas y privadas, reclutas jóvenes, controla cárceles y desafía al Estado. En este escenario, el presidente Noboa impulsó y logró la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Inteligencia, con el objetivo de unificar, modernizar y fortalecer la acción estatal contra estas amenazas. El texto crea el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), que articula siete subsistemas -militar, policial, financiero, tributario, aduanero, penitenciario y Casa Militar- bajo la coordinación de un ente rector con rango ministerial. Se reemplaza el antiguo y desprestigiado CIES por el nuevo Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y se establecen mecanismos expeditos para acceder a información estratégica sin orden judicial, con responsabilidad directa de la autoridad competente. También se crean fondos reservados para operaciones sensibles.

¿Riesgoso? Sí. ¿Inevitable? También. Hasta ahora, Ecuador funcionaba con múltiples agencias de inteligencia que no compartían datos, se duplicaban o incluso se saboteaban entre sí. Policía, Ejército, Presidencia y otros entes operaban en compartimentos estancos. Mientras, el crimen organizado crecía sin resistencia coordinada.

En el plano internacional, países como EE.UU. concentraron la acción de inteligencia con la creación de la CIA y el director nacional de Inteligencia, siempre con contrapesos judiciales y legislativos. En Alemania, el BND y el BfV operan bajo estricta supervisión parlamentaria. Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, centralizó decisiones estratégicas para enfrentar a las FARC y grupos narcoparamilitares, logrando avances decisivos en un contexto de guerra interna. Ecuador se aproxima más a este modelo de urgencia y mando directo.

Las críticas son comprensibles: se teme que la ley pueda usarse para espionaje político o represión. Pero no se puede ignorar la realidad: los enemigos no siguen reglas ni respetan instituciones. El Estado no puede seguir operando con protocolos diseñados para tiempos de paz. El servicio de inteligencia debe ser parte de la defensa ante los enemigos, y no instrumento del Estado contra sus ciudadanos. Solo el tiempo mostrará cómo será usada, pero era absolutamente necesaria.