Hace menos de dos años que expresiones como aplanar la curva, seguimiento de contactos, distanciamiento social y muchas otras relacionadas con la pandemia de COVID-19 entraron al léxico y se convirtieron en parte de la comunicación cotidiana. La gente aprendió más sobre epidemiología, virología e inmunología de lo que nunca imaginaron. Sin embargo, a pesar de una mayor atención hacia la salud pública, son pocos quienes pueden mencionar la principal causa de muertes en el mundo. Las enfermedades no transmisibles (ENT) -en especial cardiopatías, derrames cerebrales, cáncer y diabetes- causan más de 40 millones de muertes al año, ejercen presión sobre los sistemas de salud e implican costos sociales y económicos significativos, pero no atraen ni remotamente la misma atención que las enfermedades infecciosas, como el COVID-19, aun cuando son, en gran medida, evitables. Desde hace mucho que el consumo de alcohol, tabaco y dietas elevadas en grasas, sodio y azúcares aumentan la incidencia de las ENT. Pero, a pesar de ciertos avances en los últimos años (especialmente para reducir el uso del tabaco), estos factores de riesgo no reciben la atención que merecen en las discusiones en todo el mundo. Eso se debe en parte a que las empresas que fabrican, publicitan y venden estos productos tienen un impacto muy importante sobre la forma en que el público percibe las ENT. La incoherencia de un sistema que trabaja codo a codo con algunos de los mayores causantes de ENT mientras trata de responder al COVID-19 debiera producir indignación generalizada, pero esas actividades han pasado en gran medida desapercibidas y no han generado comentarios. Es cierto que en algunos casos las empresas cumplen un rol al entregar bienes o servicios que los gobiernos no proveen, pero la incapacidad del Estado para cubrir esas falencias no debiera ser una excusa para que las empresas oculten los daños que causan. Cuando las grandes tabacaleras o productoras de alimentos ultraprocesados influyen sobre los gobiernos con donaciones de alimentos o equipos médicos y otras iniciativas sociales con alto perfil, los esfuerzos de salud pública para combatir las ENT resultan inútiles. La Organización Mundial de la Salud documentó recientemente la contribución de las corporaciones a los problemas de salud y el aumento de la desigualdad en el mundo. Para abordar la pandemia de ENT hay que regular estrictamente su influencia en la creación de políticas. Los gobiernos deben cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos frente a las actividades perjudiciales de terceros (incluidas las tabacaleras y empresas multinacionales productoras de bebidas y alimentos ultraprocesados). No controlar esas actividades corporativas implica violar el fundamental derecho humano a la salud de sus ciudadanos. A la luz de las tácticas que aplicaron las corporaciones durante la pandemia de COVID-19, debemos adoptar medidas legales para evitar la normalización de actividades que, disfrazadas de muestras de «responsabilidad social», ofrecen beneficios a corto plazo a las comunidades a expensas de su salud pública. Los gobiernos no solo deben garantizar que el público sea consciente de los daños que causan el tabaco, el alcohol y los alimentos poco saludables, además deben establecer medidas para limitar las interacciones de los responsables de las políticas con esas industrias. Los gobiernos deben tomar acciones contundentes para contrarrestar el papel del sector privado en el debilitamiento de la salud pública.