América Latina atraviesa un momento de especial gravedad: su economía contra las cuerdas, sus instituciones debilitadas y desprestigiadas, y sus sociedades indefensas ante un virus que causa severos estragos. Multitudinarias protestas en varios países evidencian creciente frustración ciudadana que debe abordarse sin dilación. Pese a tener poco más de 8 % de la población mundial, Latinoamérica cuenta con más de 30 % de las víctimas mortales por COVID-19. El pasado año, la economía de la región cayó 6,3 %, pero ya llevaba un lustro de estancamiento y menguante dinamismo. Muchos de sus países se encuentran entre los más desiguales del planeta, lo cual representa un caldo de cultivo para el virus y la inestabilidad política. No pueden obviarse los factores históricos y estructurales que explican el desarrollo tardío de la región ni su marcada tendencia a la volatilidad. El auge democrático que experimentó a principios de los 90, junto con el incremento de precios de las materias primas una década más tarde, derivó en aumento del PIB y engrosamiento de las clases medias. Pero el fin de ese boom en la segunda década de este siglo echó por tierra buena parte de los avances económicos, repercutiendo negativamente en el clima social y político. Las clases medias, vectores fundamentales del crecimiento y los equilibrios sociales, han perdido confianza en seguir progresando y temen volver a la pobreza, lo que ha erosionado su apoyo a las instituciones democráticas. El terreno ha quedado despejado para líderes populistas carentes de experiencia de gobierno, de derecha y de izquierda, que han arremetido contra libertades civiles y el imperio de la ley. Ello ha restado protagonismo a América Latina en las estructuras de gobernanza global. Pero su producción de alimentos y abundantes recursos minerales y energéticos, atraen permanente atención de las grandes potencias. La región ha presenciado un repunte de comercio, inversión y cooperación financiera de China, y constituye una pieza clave en los equilibrios políticos y económicos y, en especial en la lucha contra el cambio climático, con 40 % de la biodiversidad, 30 % de las reservas de agua dulce y 25 % de la masa forestal, factores que deberían conferirle mayor centralidad en la acción multilateral. Las organizaciones internacionales han reaccionado a la crisis de la COVID-19 poniendo sobre la mesa más financiación, pero el esfuerzo sigue sin ser suficiente para los países en vías de desarrollo, entre ellos Latinoamérica, que precisan flexibilización en el acceso a recursos de largo vencimiento e intereses reducidos. Algunas iniciativas reclamadas por estos países ponen acento en la creación de liquidez para aliviar los impactos sociales de la pandemia y ayudar a empresas cuya supervivencia se está viendo amenazada. El potencial de EE. UU. para ayudar a países de su entorno, como los de Centroamérica y el Caribe, es particularmente notable. Y Europa debe comprometerse más con América Latina, como un imperativo geoestratégico que surge de una convergencia de intereses, como frenar la pandemia, mitigar el cambio climático, promover la prosperidad económica y complementar la influencia de otras potencias. La actual pandemia nos ha de grabar dos ideas en la memoria: nadie está a salvo de las amenazas globales, y nadie debería quedarse solo frente a ellas.