Creo en la libertad que cada uno de nosotros tiene para decir lo que piensa. Creo en que, desde nuestros espacios, tenemos una voz y que esa voz puede variar su impacto según las posibilidades que nos llegan.

Claro, soy una en un millón de mujeres que no tienen ese privilegio, y por eso lo asumo como una gran responsabilidad no solo cuando escribo, sino cuando pienso, hago y digo.

Hoy, un tuit, una declaración ante las cámaras, un discurso, pueden amplificar esa voz de maneras inimaginables.

Esa voz tiene poder: como el de hacerle entender a una mujer maltratada que la culpa es suya por dejarse maltratar o, al contrario, empoderarla y hacerle sentir un respaldo del Estado cuando viva un momento de indefensión.

Las personas que tenemos cierta influencia debemos saber que la responsabilidad aumenta con ella, mucho más si están en el entorno de quienes toman las decisiones que afectan a la mayoría.

Hace dos años, los que hoy están cerca del Gobierno podían decir muchas cosas sin esperar el escrutinio público. Y aunque, como cualquier persona, son libres de usar su voz para expresar sus convicciones, están obligados a medir sus palabras y, sobre todo, a no hablar desde el desconocimiento.

No se puede romantizar la violencia desconociendo las realidades de miles de mujeres y niñas en el país. No se puede reducir la lucha feminista a obsoletos dramatizados de golpes y gritos.

Duele la campaña, irónicamente lanzada el día en el que se conmemora la lucha contra la violencia de género, porque ignora que cada 44 horas asesinan a una mujer y pone todo el foco de acción en las víctimas: las que deben “reaccionar”, “despertar”, “tener fe”, “mirar para otro lado”, “dejarse de zalamerías”. La mayoría no tiene esa opción.

Ese relato reduccionista demuestra que en el entorno oficial se carece de información sobre todos los tipos de violencia de género y la incapacidad estatal para proteger a niñas, adolescentes y mujeres del país. Son esa ignorancia e improvisación a tan alto nivel las que nos quitan la esperanza.