Uno habría pensado que una vez disuelta la Asamblea habría al menos una pausa en el asedio a las instituciones. No solo que no ocurrió, sino que si existía alguna duda respecto a quién operaba ese antro dizque legislativo para generar zozobra e inestabilidad, ahora ha quedado claro. Grotescamente claro. Hoy, el CPCCS es quien asumió el rol de desestabilización y su objetivo es bajarse a la fiscal. ¿Que los mecanismos son ilegítimos, ilegales y que ese órgano no tiene facultades para sancionar a Diana Salazar? No importa. Primera certeza: los consejeros no son funcionarios sino operadores y su accionar lo define un psicópata político que involucionó de presidente a delincuente, luego a troll y ahora, a vacunador. Segunda certeza: lo que plantea el vacunador es que el país solo es viable con él en el poder y en absoluta impunidad. Si no es bajo sus condiciones, todos sus tentáculos políticos y criminales trabajarán sin descanso hasta asfixiar cualquier intento de institucionalidad, de decencia y de justicia. El vacunador además, ni siquiera se molesta en guardar las formas. Sus amenazas son expresas: “No entienden que solo cavan su tumba”, le dijo al abogado quiteño Juan Esteban Guarderas que ha cuestionado (con sobra de motivos) la legalidad de la designación de los consejeros del CPCCS por haberse postulado con apoyo expreso de un partido político (asunto prohibido por la ley). “Ya falta poco”, nos advierte todos los días. ¿Falta poco para qué? Para ejecutar su tan soñada venganza contra quien osó confrontarlo, obviamente. Así, la mafia política infla el buche y muchísimos ciudadanos y funcionarios se amedrentan. Muchos se amedrentan. Pero acá va otra certeza: no son todos. Pocos días atrás, Jeannine Cruz recibió una amenaza expresa de muerte. ¿Por qué? Es una de las comisionadas a quien el presidente ha encargado la coordinación para que el informe final del caso Gabela pueda reconstruirse. Eso tiene ansioso al vacunador. Ansiosa también debe estar la fiscal, que un día antes de formalizar una nueva acusación contra Jorge Glas, recibe también expresas amenazas de muerte. Estas son pues, funcionarias valientes que merecen respaldo. Esa violencia, ese cagarse en las instituciones y la ley, recuerdan mucho a los 10 años de arbitrariedades y abusos. Mi última certeza es que debemos cerrar filas. No podemos caer en el secuestro al que una vez más nos quiere someter el mayor vacunador.