Sentencia histórica
En primer lugar, porque con ella ratifica la libertad de expresión que caracteriza a los gobiernos democráticos y a los gobernantes que no padecen del síndrome de Hydrus
La sentencia dictada por la CIDH dentro de la causa tramitada ante este organismo por los directivos de diario El Universo de Guayaquil y por Emilio Palacio contra el Estado ecuatoriano por haber sido condenados penalmente por la justicia de nuestro país debido a la opinión periodística de Palacio titulada No a las mentiras, a la pena de tres años de cárcel y a pagar la suma de 40 millones de dólares por la “calumnia” irrogada a Correa , es una sentencia histórica por múltiples razones.
En primer lugar, porque con ella ratifica la libertad de expresión que caracteriza a los gobiernos democráticos y a los gobernantes que no padecen del síndrome de Hydrus. Luego, porque se ratifica una vez más que no hay delito de calumnia cuando se critican o comentan las actuaciones de los gobernantes. Y que se si e se creen ofendidos deben reclamar por la vía civil. Esto es lo que hizo Emilio Palacio en No a las mentiras. No calumnió, sino que desnudó la tragicomedia protagonizada por Rafael Correa con el famoso 30S, con el que pretendió aparecer ante el mundo como un mandatario secuestrado , razón por la que desde una ventana del cuartel de policía de Quito se abrió la camisa, se corrió el nudo de la corbata y pidió a gritos: “mátenme”. ¡Puro show!
Lo más importante de todo es que la sentencia de la CIDH pone en evidencia que los jueces ecuatorianos que actuaron en las tres instancias y que juzgaron a los directivos de El Universo y a Emilio Palacio fueron genuflexos, incondicionales ante la voz del amo de turno. Mas como la justicia tarda, pero llega, la CIDH le impone al Estado ecuatoriano en la sentencia que pague a Emilio Palacio, a Carlos Pérez Barriga, a Nicolás Pérez Lapentti y a César Pérez Barriga una suma total de 400 mil dólares por concepto de indemnización, lucro cesante y daño emergente.
El Estado debe cumplir con este pago y ejercer de inmediato el derecho de repetición consagrado en la Constitución, para que esos dineros los devuelvan Correa y todos los jueces que actuaron sumisamente.
