Secesión municipal
La telaraña normativa y la proliferación de trámites y autorizaciones previas parecen responder a la lógica de inventar un problema para cada solución
El Municipio de Quito se ha convertido en un obstáculo serio para el desarrollo de la ciudad. El Metro de Quito, licitado hace 10 años, todavía no entra en operación y, salvo la Ruta Viva, ninguna obra vial de impacto significativo para el tránsito urbano se ha ejecutado en los últimos 15 años.
El MDMQ no solo obtiene marcas vergonzosas en materia de infraestructura y vialidad: al ciudadano común y sin padrinos, un asunto tan sencillo como un fraccionamiento de una propiedad le toma años; ni qué decir del viacrucis para lograr la aprobación de una lotización o un proyecto inmobiliario, sujetos además a la confiscación del 15 % del área gracias a una norma inconstitucional. Hasta un simple traspaso de propiedad puede quedar indefinidamente atrapado en un laberinto burocrático si las medidas exactas del título difieren del catastro, pues los funcionarios municipales no aceptan, contra ley expresa, que cabe una venta por cuerpo cierto, sin relación al área, algo que aprenden los estudiantes de derecho en el primer año. No se trata de simplificar trámites; hay que eliminarlos de raíz. Si hablamos de planificación urbana, cualquier caos sería más bello y seguro. Barrios y parroquias organizados desde abajo -algo que ya sucede con frecuencia creciente en respuesta a la anomia municipal- logran más que funcionarios sabelotodo dictando ordenanzas desde arriba.
La telaraña normativa y la proliferación de procesos, trámites, autorizaciones previas y mil y una trabas adicionales parecen responder a la lógica de inventar un problema para cada solución, consecuencia inevitable de contar aproximadamente 2.0000 empleados para una gestión que podría hacerse con una fracción de esa nómina. En algo tienen que ocuparse, y no ha sido precisamente en facilitar la vida del quiteño.
El MDMQ no tiene arreglo, quienquiera sea su alcalde. Es un paquidermo inmóvil, que se fríe lentamente en la mantequilla de su promiscuidad regulatoria. Adolece de un problema estructural, que pasa por un absurdo sistema normativo y de competencias, agravado por la lógica estatista que instaló el Cootad en el 2010, y por esa cultura, tan criolla, de rendirse ante la exigencia burocrática en lugar de combatirla sin concesiones.
La solución habría que buscarla en la escisión de parroquias que conformen municipios autónomos bajo una lógica de servicio e intervención mínima en la vida ciudadana.
