Yo consideraba difícil destronar al de Montecristi en una competencia de bodrios, hasta que leí el proyecto de nueva constitución de Chile.

El problema no está, solamente, en la dirección estatista del proyecto, que persigue destruir lo que le permitió a ese país remontar el asedio comunista y elevarse como la democracia más sólida y próspera de la región durante décadas, gracias al respeto sin reservas de la libertad individual y la prohibición al Estado de jugar al empresario. Es además el maltrato a la ciencia jurídica, cuyos principios tuerce o ignora, volviendo la seguridad jurídica un albur sometido a los humores y ponderación de los derechos en conflicto que, en función del buen vivir y el interés general, haga el juez de turno. ¿Tiene mejor derecho el propietario de un inmueble o quien lo ocupa sin autorización de aquel argumentando exclusión social? ¿La comunidad que se beneficia de un emprendimiento industrial o la naturaleza que se ve impactada?

Y también es la pobreza lingüística -bien sostenía Diderot que la fealdad expresiva devela la deficiencia del contenido-, que hiere el texto con ese tufo progre, ese galimatías que le otorga el mismo derecho que a las mujeres a las “diversidades y disidencias sexogenéticas”, o que atribuye a los animales “sintiencia”, un anglicismo que todavía no ha logrado colarse en el idioma español, o esa sucesión cacofónica de artículos y nombres para acomodar diferencias de género a guisa de lenguaje inclusivo que, no obstante, excluye a las disidencias de marras, que es de suponer no corresponden al masculino ni al femenino. O no serían disidencias.

El mayor desaguisado estructural está, sin embargo, en la discriminación del ciudadano común en aras del baratillo de garantías a favor de grupos minoritarios y pueblos indígenas, a los que se coloca, en último análisis, por encima de la ley: derecho a la autonomía, al autogobierno, al reconocimiento de sus territorios -incluyendo el marítimo-, instituciones, jurisdicciones y autoridades propias. Pueden, “si así lo desean” participar en la vida política, económica, social o cultural del Estado chileno o mantener sus privilegios en una suerte de protectorado autónomo e intocable. La ley y las cargas son solo para los ciudadanos sin bandera étnica, pobres chilenos degradados por los socialistas a colonos sin patria. Ha hecho bien Chile en rechazar este proyecto.