La cuestión suscitada por la demanda de Paola Roldán para que se reconozca su derecho a morir dignamente, que algunas normas no permiten ejercer, exige más que un análisis sobre el contenido del derecho a vivir con dignidad -que la jurisprudencia comparada hace años consideró que incluye el derecho a morir-, para enfrentar el asunto de fondo y la oportunidad de corregirlo. La discusión última estriba en el límite que debe tener la autoridad -es decir la ley que le pone coto a su posibilidad de inmiscuirse- frente al ejercicio de los derechos inherentes a la persona humana.

Vivimos acechados por los credos, algunos religiosos, otros seculares, pero todos atravesados por dogmas que se quieren imponer por la fuerza de la ley, o a sangre y fuego, como predican los ayatolás; por la dictadura del proletariado -que en realidad la ejercen un puñado de vivos en su nombre-, como ansían los socialistas; por la rectoría estatal del buen vivir, estafa cívica de Montecristi; o por la presión y el activismo, violencia moral en suma, de los fanáticos de cualquier signo, que hasta la naturaleza es ahora deidad con sus sacerdotes. El hilo conductor soterrado de estas amenazas al señorío del individuo sobre sí mismo es esa pretensión insoportable y arrogante de algunos congéneres de poseer una verdad absoluta unida a la propensión de forzarla sobre los demás usando hasta la ley.

Si hay algún valor occidental compartido lo mismo por la declaración de los derechos humanos, de inspiración laica, como por la doctrina cristiana, es la consideración del libre albedrío como el atributo esencial y definitorio de la persona humana, libertad que se ejerce al abrazar o rechazar un credo. La imposición de un sistema de creencias, con las sanciones del caso, a través de una ley es incompatible con el derecho natural, las normas sobre derechos humanos o la doctrina cristiana. Si una persona elige, en ejercicio de su voluntad libérrima, morir con dignidad en lugar de resignarse a una existencia de sufrimiento incurable, ¿a cuenta de qué cabría la interposición del vecino, de la mayoría o la minoría, o de la autoridad con sus leyes penales?

La ley servirá como pilar esencial de coexistencia pacífica entre gente diversa solo si contrae su alcance a los consensos mínimos, permitiendo a cada cual vivir o morir conforme sus creencias, o sin ellas, en tanto no afecte la libertad del otro.