Cartas de lectores

Presupuesto del Estado y municipios

El ente rector de las finanzas públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados...

La Constitución en el tercer inciso del art. 295 manda que rija el presupuesto del año anterior hasta que se apruebe el que remita el nuevo presidente de la República a la Asamblea. Así, el presupuesto actual regirá hasta julio y mediados de agosto de 2021, con lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su art. 107, que dispone: “Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el presidente o presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior….”. En el presupuesto inicial de este ejercicio económico constan las asignaciones y transferencias totales y completas para los GAD, conforme a las leyes pertinentes. Por otra parte, el Gobierno tendrá los desembolsos del préstamo de FMI que deberán ingresar en el presupuesto de 2021, en cumplimiento de lo que dispone el art. 108 del mismo Código que manda: “Obligación de incluir recursos.- Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados…”. Por ello, las transferencias de recursos a estos gobiernos deberán ser completas, según dispone el mismo Código en el art. 118: “Modificación del Presupuesto.- El ente rector de las finanzas públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15 % respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. En ningún caso esta modificación afectará los recursos que la Constitución de la República y la ley asignen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados…”. Por ningún motivo se deberán reducir las asignaciones previstas en el presupuesto del Estado, la CRE y la ley, más aún si existen municipios medianos y pequeños que con sus propios recursos afrontaron los embates de COVID-19, lo que no hizo el Gobierno, que tiene la competencia exclusiva de la salud (art. 261 CRE, a la que se pretende volverla a violar).

Gustavo Chiriboga Castro