Por cuarta vez el puente peatonal que une Guayaquil con la isla Santay fue impactado. Pasó en 2017 y dos veces más en 2018. Es un obstáculo para las naves marítimas. Se construyó por voluntad de Rafael Correa, con dinero de los ecuatorianos, a un costo de $ 15’668.625, por 860 m de largo. Lo insólito es que no se realizaron, presuntamente, estudios técnicos, donde intervino Sercop, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Turismo y Medio Ambiente. No se tomó en cuenta a la Secretaría de Puerto y Transporte Marítimo ni al Inocar, posiblemente por tener opiniones técnicas contrarias a su ubicación. Es visto como un obstáculo para la navegación según especialistas en la materia, como la Armada Nacional, que plantea su retiro por estar mal ubicado, mal diseñado y por provocar gran sedimentación alrededor de sus pilares, esperándose que no suceda lo que pasó con el islote El Palmar, derivado del puente de la Unidad Nacional. No cabe su reubicación ni readecuación, sino la remoción de su estructura. También se debe solucionar el impacto que provocaría a los 315 habitantes de la isla Santay, donde 50 % de los comuneros se dedican al turismo. La solución sería rehabilitar y construir muelles, crear una línea amplia de usuarios en bote o canoas a motor y lanchas, que saldrían del muelle de Caraguay, con todas las medidas de seguridad y precios sin explotación. El presidente Lasso ya recibió un informe técnico y se formó una mesa técnica con 11 expertos.

Lic. Robespierre Rivas Ronquillo