Cartas de lectores | Qué pocas iniciativas tienen los servidores del Estado-Nación

Pero, ¿quién o quiénes responden de los daños millonarios causados? Nadie

Después de la presentación del exministro de Energía Santos Alvite en la Asamblea es posible conocer en detalle la cantidad de activos del sector eléctrico que se encuentran paralizados, pese a la situación de emergencia en que está el país, parte por falta de recursos, pero principalmente por falta de iniciativa y ejecutorias de los funcionarios de dicha área. Un resumen de tal descuido e irresponsabilidad, en diferentes niveles administrativos, presentó EXPRESO en su edición del 27 de abril, de donde se desprenden cuatro causas principales: 1. Incumplimiento de las recomendaciones que anunciaban un inminente período de sequía. 2. Abandono de las centrales térmicas. 3. Desabastecimiento de gas para Termogas Machala; y 4. El principal problema, el monopolio estatal, en un momento en que se necesita crear nuevas fuentes de energía para atender una demanda creciente, frente a disponibilidades de financiamiento precarias por parte del sector público en general. Otras centrales como Alluriquín, Termoesmeraldas, Cardenillo, Coca Codo Sinclair, tendrían diferentes problemas, pues solo para reparar y proteger a esta última se requerirían $ 1.200 millones, lo cual ya depende de una decisión del presidente de la República. Muchos de los problemas se han encarecido por falta de atención al no haberse planteado soluciones oportunas, por pereza administrativa, esperando, como de costumbre, que los jefes lo hagan, mal generalizado en las dependencias públicas, algunas de las cuales por haber laborado el suscrito por más de 40 años en ellas, las conozco bien, como en el caso del Ministerio de Finanzas, Congreso Nacional, Consorcio de Consejos Provinciales, Banco de Fomento y Banco del Estado, donde si bien siempre se proponen varias iniciativas, en otros campos, no es menos cierto que puede hacerse mucho más, sin esperar que el jefe tome la iniciativa, ya que todas cuentan con personal experimentado. Pero, ¿quién o quiénes responden de los daños millonarios causados? Nadie. La Contraloría General podría hacerlo mediante auditorías de gestión, a las cuales está plenamente autorizada.

Iván Escobar Cisneros