Cartas de lectores: Derogatoria total

El Gobierno cuenta con un nuevo ‘statu’ que le permitirá ejercer la gobernabilidad que anhela. El punto principal es sostener la necesidad de una nueva Constitución, ya que la actual ha dejado de ser viable y funcional.

Se destacan los años 1998 y 2007. La constitución de 1998 fue resultado de la llamada ‘reestructuración jurídica del Estado’ tras la dictadura de 1972-78. En términos generales, incorporó principios sanos en justicia, inversión extranjera, organización política y autonomías seccionales. Este ciclo se agotó hasta el gobierno de Palacio, sucesor de Gutiérrez. 

En ese momento surgió Rafael Correa, recién llegado del Ministerio de Economía, quien utilizó métodos ilegales para desacreditar la Constitución de 1998. Aunque su intención era redactar una nueva Constitución, la ocultó hasta el final. Recibió asesoría de socialistas españoles y no escatimó recursos.

Así nació un documento que presume de avanzado, pero repite la teoría de la justicia totalitaria. Fue aceptado por ciudadanos de buena fe, seducidos por el discurso oficial.

El actual gobierno pretende inaugurar una nueva etapa histórica. Lo esencial es derogar lo aprobado por la constitución correísta mediante iniciativas desde la nueva mayoría parlamentaria. Se busca dejar sin efecto leyes civiles, penales y administrativas, ya que consolidan progresivamente la supresión de garantías básicas, reemplazando derechos fundamentales como la libertad y la propiedad en nombre de una ‘ideología progresista’. Incluso se invoca la retórica marxista de ahondar el enfrentamiento dialéctico de los contrarios.

El Cogep es ejemplo de leguleyada disfrazada de legalidad; el COIP suaviza penas por delitos graves bajo el abolicionismo penal; y las leyes administrativas complican trámites por desconfianza hacia la ciudadanía.

Es la oportunidad de romper con esa etapa. Las consecuencias del modelo correísta son evidentes: corrupción e impunidad. La clase política fue arrastrada al robo de fondos públicos, mientras la alianza con el crimen ha resultado en impunidad y debilitamiento del poder punitivo del Estado. El correísmo intentará boicotear la gestión del Ejecutivo.

Una vez derogadas las normas perjudiciales, será necesario depurar todo lo que quede.

Francisco Bayancela