Aún no hay fecha para la entrega del cuerpo de Mónika Silva

Han pasado dos meses desde aquella tarde del 8 de junio en que la vida de Mónika Silva se apagó en Montañita. Desde entonces, el tiempo parece haberse detenido para quienes la conocieron y acompañaron sus luchas.

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Su cuerpo permanece en una cámara frigorífica del Centro Forense de Santa Elena y, hasta ahora, no existe una fecha definida para su entrega a sus familiares.

La activista anticorrupción de nacionalidad polaca, cuyo nombre era Mónika Koniuszek y que en Ecuador era conocida como Mónika Silva, fue encontrada muerta en su vivienda de la comuna Montañita. Su fallecimiento, inicialmente rodeado de interrogantes, ha mantenido en vilo a quienes desde entonces reclaman que se conozca toda la verdad.

“No sabemos cuándo entregarán su cadáver”, manifestó Alfonso Ortíz, integrante del colectivo de derechos humanos Monicha Sumpa, organización que en la península ha promovido marchas y conferencias para exigir que la muerte de la extranjera no quede impune.

Un día después de la muerte de Monika Silva, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó en una entrevista radial que el caso podría tratarse de un suicidio.

Sin embargo, posteriormente, el informe forense determinó que la muerte fue provocada. Desde entonces, el caso es investigado como un presunto femicidio, sin que hasta ahora se haya establecido si el móvil habría sido sentimental o político.

Para quienes compartieron con Mónika sus últimos años de lucha en favor de Montañita, la provincia de Santa Elena y el país, la espera también tiene un significado especial.

“Cuando se entregue el cuerpo la vamos a velar y luego se cremarán sus restos. Las cenizas serán depositadas en un nicho que vamos a construir en Montañita, donde ella quiso quedarse para siempre”, señaló Ortíz.

Caso Mónika Silva: La investigación fue declarada bajo reserva

La investigación fue declarada bajo reserva. Recientemente, los equipos jurídicos del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam) y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que actúan como veedores del proceso, tuvieron acceso al expediente y pudieron conocer parte de los avances de las pericias.

Ambas organizaciones fueron autorizadas por la madre de Mónika para seguir de cerca la investigación. Entre los pocos detalles que han trascendido consta que algunos políticos y autoridades de la provincia de Santa Elena han sido convocados a rendir testimonio. Se trata de personas a quienes la activista había señalado públicamente en vida por presuntos hechos de corrupción.

En un comunicado difundido este 8 de agosto, el CEPAM y el CDH señalaron que la muerte de Mónika fue violenta y que el informe forense estableció como causa una asfixia mecánica por constricción del cuello, es decir, la estrangulada o provocaron su ahorcamiento.

“Dos meses desde que a sus hijas se les arrebató el derecho a vivir junto a su madre y desde que su familia y la sociedad exigen respuestas claras sobre las circunstancias de su muerte violenta. Exigimos una investigación integral, diligente y libre de estereotipos”, señalaron las organizaciones en su comunicado.

Dos meses después de aquella tarde que cambió para siempre la vida de su familia, el caso continúa en investigación previa. Para los organismos veedores, los avances han sido muy escasos.

“Comprendemos que una investigación de esta naturaleza pueda requerir tiempos técnicos razonables; sin embargo, nada justifica que líneas investigativas esenciales sean omitidas, debilitadas o abordadas desde estereotipos o prejuicios de género que terminen por desviar o limitar la búsqueda de la verdad”, sostuvo Lita Martínez, directora del Cepam.