Sobre la tala de manglar: las denuncias y la ley existen, ahora faltan las sanciones
Expertos realizan una lectura de la situación. Señalan a la autoridad ambiental por no reforzar las medidas ni procurar el seguimiento de los casos.
Existe un decreto ejecutivo, el 1391, que regula la tala del manglar y procura recuperar el ecosistema a través de la reforestación. Ha sido socializado con instituciones estatales, actores, gremios, y demás protagonistas.
Allí se imponen sanciones para el talador, como la reforestación y el desalojo, pero con el paso del tiempo, “los controles han disminuido hasta casi desaparecer”, lamenta el biólogo Bruno Yánez. “Los procesos administrativos quedan en nada. Incluso han sido devueltas a camaroneras hectáreas que ya se habían recuperado”, asegura.
Luego de que EXPRESO publicara el informe técnico que detalla la depredación de 40,55 hectáreas de manglar, por parte de la camaronera Negodich S.A., expertos ambientales explican las flaquezas del sistema y por qué creen que a este tipo de delitos ambientales los rodea un aire de impunidad.
Ni la autoridad ambiental, ni la empresa señalada, ni la Subsecretaría de Acuacultura, institución que cedió las hectáreas, han respondido sobre este caso.
Manuel Mejía, presidente de la Unión de Organizaciones de Cangrejos y Pescadores del Guayas, recuerda que la tala indiscriminada parece ser tendencia. “Hay denuncias, de hace dos o tres semanas que abordan otros sectores, como la isla Puná, Cerrito de los Morreños, isla Escalante... Ambiente no hace su trabajo”.
Dentro de los acuerdos a los que se ha llegado en torno al cuidado de la naturaleza se determinó que el manglar tiene custodios, usuarios, miembros de asociaciones de pescadores y cangrejeros, que se frustran al hallar los procesos que denunciaron estancados.
Alonso Mejillones, presidente de la Cooperativa de Usuarios y Custodios del Manglar Nuevo Porvenir, recuerda de diez denuncias ingresadas a Ambiente en 2017, ninguna tuvo acogida favorable. “Solo se hicieron visitas técnicas y ahí quedó”. Manuel Bravo, investigador del manglar y miembro del Colegio de Biólogos del Guayas dice que allí radica la flaqueza. “El siguiente paso de una denuncia es la sanción. Allí se falla”.
La investigadora y directora del Proyecto Manglares del Ecuador, de la Universidad Espíritu Santo, Natalia Molina, critica que a veces la autoridad ni se entera de estos hechos. “Después del informe hay un proceso administrativo, porque no hay competencia de cárcel o multa desde el Ministerio del Ambiente (...). ¿En cuánto tiempo se talan 40 hectáreas de manglar sin que nadie se dé cuenta?”, cuestiona.
