Visto desde lo alto, el manglar del golfo de Guayaquil pinta de verde oliva el mapa de la ciudad. Le da vida. Es como una alfombra repleta de naturaleza que se extiende a lo largo del horizonte y escudriña cada entrada de mar. O al menos así es por tramos.

Cuando uno llega a la isla Los Chalenes, en un viaje de menos de media hora en avioneta desde la zona urbana, puede medir, en cambio, las heridas del manglar. No hay sangre en ellas, sino gigantescas escaras negras que se sientan sobre suelos terrosos donde antes había raíces del área biótica.

Para ser exactos, se trata de 40,55 hectáreas de manglar depredadas por la empresa Negodich S.A, que según la Superintendencia de Compañías tiene como actividad económica la importación, exportación, producción de larvas de camarón.

Un informe técnico del Ministerio del Ambiente, fechado el mes pasado, al que tuvo acceso EXPRESO, da cuenta de lo que constató este medio.

Con base en la inspección, se determina que existe una “depredación indiscriminada del ecosistema frágil conformado por bosques densos de manglar, realizada con maquinaria, en donde se constata la ampliación de actividades acuícolas, como la conformación de piscinas camaroneras, muros de divisiones y canales internos en el área afectada (ver infografía).

Esta afectación del ecosistema frágil, continúa el documento, es un atentado contra los principios de la naturaleza, que por su estado de conservación no está sujeta a alteración.

¿Un atentado?

El informe es tan explícito en tono a la importancia del manglar, porque se trata de un recurso invaluable. De hecho, cada 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Manglar, una conmemoración que nació como un pedido que hizo Ecuador a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El biólogo Bruno Yánez explica que además de tener un alto valor ecológico, por permitir que vivan especies, peces y mariscos, y de sustentar la pesca y la captura de cangrejo, el manglar mantiene un equilibrio entre el agua salada que llega del mar hacia los cultivos de tierras poco altas, como arrozales y sembríos de cacao.

La ley existe, pero no se respeta.

De catorce páginas con las que cuenta ese informe, ocho se dedican a recordar el marco legal que avala la inspección y garantiza la protección y conservación del manglar.

Las normas para protegerlo existen en acuerdos, códigos orgánicos (ambiental y penal), decretos presidenciales y la misma Constitución, pero en casos como este, parecen, simplemente, no existir.

El informe explica que fue la Subsecretaría de Acuacultura del Ministerio de Acuacultura y Pesca la que otorgó a la empresa el acuerdo ministerial número 2019/547, para “una extensión de superficie de 85,84 hectáreas que incluyen zonas de bosques de manglar densos, entregados ilegalmente de forma ilícita”.

EXPRESO contactó a la compañía y consultó el caso con Ambiente. También pidió un pronunciamiento al Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, ahora encargado del tema acuícola, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas. Lo que sí sabe este medio, por investigadores del manglar y gremios adscritos a la captura de cangrejos que viven en el mangle, es que no es el único caso en que camaroneras se ven involucradas en la tala.

Los más perjudicados

El camarón genera ingresos de millones de dólares al país. Cientos de millones de libras del producto se venden, pero a lo largo de la historia las polémicas en torno a la actividad y su perjuicio para el manglar se acentuaron e incluso propiciaron acuerdos de respeto a la naturaleza. Hoy, es la misma Cámara Nacional de Acuacultura la que presenta esta denuncia, pues al parecer, los esfuerzos son insuficientes.

Alonso Mejillones, presidente de la Cooperativa de Usuarios y Custodios del Manglar Nuevo Porvenir, que agrupa a 150 socios, asegura que este último año ha aumentado de manera alarmante la tala. “Lo sabemos porque contamos con una red de recolectores y tenemos comunicación con todos los custodios del manglar. Los lugares con más incidencia son el golfo de Guayaquil y las provincias del Guayas y El Oro. Hay denuncias, pero no se hace nada desde la autoridad”.

En 1969, Ecuador contaba con 203.969 hectáreas de manglar y con 2.450 hectáreas de camaroneras. Para el 2006, el manglar descendió a 148.230 hectáreas y el espacio para cría de camarones, en cambio, se elevó a 175.748 hectáreas, observa la bióloga Natalia Molina, directora del proyecto Manglares del Ecuador.

La experta reconoce que es difícil dimensionar en cifra las denuncias, pero calcula que de 54 grupos que trabajan cerca del mangle y son sus custodios, mínimo hay una denuncia por cada uno de los colectivos.

Son gritos desesperados de los usuarios del manglar. De esos ramales desprendidos de las orillas costeras, que escritores como Demetrio Aguilera Malta han comparado con cabellos, nacen los cangrejos, símbolo gastronómico de la urbe y sustento de quienes se dedican a su captura. En esas familias, duelen las heridas del manglar.

“Los cangrejeros y concheros suman al menos 7.000 familias. Puede haber hasta 8 personas que subsistan del negocio en cada una. A eso sume todos los intermediarios: cangrejeros, cangrejales... Es una afectación muy grande”.

Hace unos cinco años, un cangrejero cogía tres planchas, de 36 cangrejos cada una, en cinco horas. Ahora, capturar una plancha en ese tiempo es suerte, lamenta Manuel Mejía, dirigente de la Unión de Organizaciones de Cangrejeros y Pescadores del Guayas.

Todo eso lleva a reflexionar. Si están las leyes, si existen las denuncias, si incluso se reporta lo que pasa en informes técnicos, ¿qué falla? ¿Cómo pueden desaparecer 40 hectáreas sin que nadie haya hecho nada? Manuel Bravo, magíster en recursos bioacuáticos y medio ambiente, cree que lo que hay que hacer es aplicar la ley.

“Talar manglar puede tener repercusiones penales, pero si no hay una autoridad que lo impulse, la ley quedará en el papel”, sentencia.

Visto desde lo alto, el manglar del golfo de Guayaquil pinta de verde el mapa de la ciudad. Solo unos pocos, sin embargo, saben de sus heridas.

• Puede haber secuelas legales

Ambiente, en su informe, recomendó a la Dirección Zonal del Guayas seguir un Proceso Administrativo en contra de la compañía señalada.

También sugiere presentar la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía, “para que se investigue el caso y se aplique todo el peso de la ley por el delito ambiental”.

Pide, además, justificaciones a la cartera de Acuicultura, por el acuerdo en el que cedió 85 hectáreas de manglar que no se debieron tocar.