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Concejo de Guayaquil
Hecho. Los jueves se reúnen los ediles en el Salón de la Ciudad para llevar a cabo las sesiones. La última fue extraordinaria, convocada el 4 de marzo.Josué Andrade

La fiscalización del Concejo de Guayaquil, ¿todo o a medias?

Hay una comisión para fiscalizar el destino de $ 2 millones, ¿y en los otros casos? Algunos ediles se pronuncian sobre su rol

Es costumbre ya que cada jueves los concejales se vean las caras para llevar a la mesa temas que marcan el rumbo de Guayaquil. Aprobación o reformas de ordenanzas, conocimiento de convenios, una que otra acalorada discusión, y más episodios han sellado las sesiones del Concejo, cuya mayoría (8 de 15) es de la Revolución Ciudadana (RC).

Entre sus atribuciones está la de intervenir con su voz y voto, presentar proyectos de ordenanzas cantonales, o fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal.

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En torno a esto último, hace pocas semanas ‘nació’ una comisión especial que investiga el uso de $ 2 millones otorgados en un convenio entre el Municipio (cuando lo administraba Cynthia Viteri) y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para la final de Copa Libertadores 2022. Blanca López, Arturo Escala y Emily Vera, todos de RC, conforman esta comisión.

El caso se dio tras un informe que emitiera la Contraloría. La institución también ha dado a conocer otros resultados, como el sonado caso de las vallas publicitarias o cuando las camionetas municipales rodaron hacia Quito a un encuentro de seguridad en la administración pasada. Y a estos se suman los procesos que reposan en Fiscalía.

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¿De estos últimos casos también hay investigación? ¿En lo que va de la actual gestión, qué casos están bajo la lupa de los ediles? ¿Realmente hay fiscalización? Fueron las interrogantes que EXPRESO les hizo llegar, pero que, hasta el cierre de este artículo, la mayoría no contestó.

La socialcristiana Ana Chóez sí reaccionó. Arrancó su mensaje diciendo que “nadie está por encima de la ley” y, en ese sentido, subrayó que “investigar no es sentenciar”. “Toda labor de fiscalización por parte del Concejo tiene como única finalidad asegurar la correcta administración y ejecución de los recursos públicos”, precisó.

Chóez reconoció que los ediles pueden colaborar con las autoridades judiciales competentes proporcionando información relevante y respaldando las acciones de las autoridades correspondientes, pero, argumentó, “es fundamental respetar la autonomía de dichas instancias para garantizar un proceso imparcial y justo”.

15ediles conforman el Concejo Cantonal, 8 de ellos son de la Revolución Ciudadana, 6 del PSC-Madera de Guerrero, y 1 de SUMA.

¿Cuál ha sido su fiscalización durante casi un año como edil? Justificó que ha revisado y analizado cada propuesta, en contraste con el ordenamiento jurídico vigente. “Solo después de haber cumplido con esa responsabilidad -que creo que es de todos los concejales y que, en mi opinión, lamentablemente, no se cumple-, decido y voto, de forma pública y motivada”, acotó.

Nelly Pullas, también socialcristiana y quien quedó principalizada luego de la dimisión de Jorge Rodríguez, recordó que las comisiones en el Cuerpo Edilicio están establecidas en la ordenanza y el Cootad, donde se establece que, en efecto, deben contar con tres miembros. Se refirió, además, a su rol en visitas en sectores en torno a tareas municipales.

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“La función fiscalizadora está también establecida... Precisamente en cada visita a los sectores donde se están construyendo obras o se están generando algún tipo de servicios, he verificado el avance de ellas o la forma cómo se atendieron o se están atendiendo”, manifestó.

Ahora bien, Blanca López es la vicealcaldesa de Guayaquil y forma parte de la comisión antes mencionada, y es por eso que este Diario se contactó con su personal para conocer más detalles del caso y si es que lleva otros en su agenda. “Vamos a analizarlo con el equipo y la vicealcaldesa”, respondió uno de ellos, el miércoles anterior.

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De esa comisión sí respondió Emily Vera. “Se está trabajando en la recopilación de la información y en las próximas semanas tendremos el informe de la comisión”, adelantó al recordar que en ese caso llegaron denuncias al concejal Arturo Escala.

En torno a sus funciones aseguró que ha realizado pedidos de información en temas de educación, cultura, urbanismo y protección social, con el objetivo de “conocer cuáles son los programas, proyectos y servicios que se están ejecutando a favor de los guayaquileños”.

Juana Montero, la única concejala de SUMA, manifestó que tiene un compromiso con Guayaquil y que apoyará las gestiones que el alcalde realice para la comunidad, pero que aquellas cosas que no están alineadas a lo legal, las denunciará.

“La gestión que realizo día a día es en conjunto con mi equipo de profesionales, presentando proyectos importantes en temas ambientales, como las trampas de grasa para los locales comerciales, culturales como la presentación de bailes junto al grupo Reminiscencia, sociales y gastronómicos...”. Estos fueron algunos de los puntos que abordó Montero.

FunciónLas comisiones serán permanentes; especiales u ocasionales; y técnicas. Actualmente hay una veintena de comisiones.

En vista de que otros concejales decidieron no responder a las preguntas de EXPRESO, la sociedad civil y organismos sí se pronunciaron. Por ejemplo, Juan Carlos Maldonado, director del Instituto Olmedo, fundación dedicada a la transparencia y combate a la corrupción, señaló que, en torno a la comisión que investiga el caso relacionado a la transferencia; debería haber proporcionalidad de la representación política. “O bien cambian a uno -de RC por PSC- o que haya cinco integrantes y se respete la proporcionalidad”.

¿Pero por qué no se topan los otros polémicos casos o dan a conocer si se está fiscalizando en lo que llevan como ediles?

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Maldonado responde que es necesario que no se haga una especie de “borrón y cuenta nueva”, pues los concejales deberían abrir aquellos temas en caso de que hubiera alguna sospecha.

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“Es una función principal. ¿Por qué no lo han hecho? Los concejales deberán responder a la ciudadanía; es una buena pregunta que le debemos hacer, ¿lo están planificando? ¿Hay un estudio previo para ver en qué orden y capacidad...?”, analizó.

Por ello, Maldonado detalló que es la ciudadanía que, asimismo, tiene la responsabilidad de hacerlo cuando los concejales no lo hacen. “Ahí viene el tema de que es una tarea de las organizaciones de la sociedad civil en abrir esas líneas de investigación. Cualquier ciudadano puede acercarse al Municipio y decirle entreguen los documentos respectivos a Letras Vivas, por ejemplo”, acotó.

Las sesiones del Concejo son transmitidas por las cuentas oficiales del Municipio y se realizan en el Palacio Municipal. En estas hay algunos ediles que solo se los escucha únicamente cuando sueltan un “a favor”.

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